Marisoliana Colorado acababa de cumplir 14 años de edad cuando, en 2001, se salvó de ser reclutada por las Farc en el departamento de Cauca. De lo que no pudo escapar fue de la Fiscalía en esa época que la siguió, investigó y capturó. Veinte años después la justicia reconoció que no logró demostrar su supuesto vínculo con la guerrilla. Un juez ordenó investigar las irregularidades en este proceso que cambió la vida de una niña que quería ser bailarina.
Su tragedia quedó descrita en un expediente que conoció SEMANA con una cronología de abusos, capturas ilegales y montajes que están por convertirse en una demanda contra el Estado. La vida de Marisoliana, que de niña integró el grupo de danza del colegio en el municipio de Villa Rica, Cauca, cambió cuando las Farc la obligaron a ella y a sus compañeros, a tomarse una fotografía. Ahí empezó la pesadilla.
En un recorrido de la compañía de danza, para una presentación en Tacueyó, también en el Cauca, se empezó a escribir su amarga experiencia. Ella, ni siquiera estaba cerca de su fiesta de quince años y cayó en un retén ilegal del frente sexto de las Farc, algo normal en esas zonas del país, lo que resultó curioso fue la solicitud de los guerrilleros.
La foto
Las Farc obligaron a Marisoliana y a sus compañeros a descender del vehículo. Los hicieron formar y después de algunas preguntas, les pasaron una chaqueta camuflada, les tomaron los datos y una fotografía tipo documento. “Yo lloraba, tenía miedo, pensé que nos estaban reclutando. Mis compañeros decían que yo era menor de edad, que no era necesaria la foto y los guerrilleros solo decían: allá ella”, dijo Marisoliana.
Con las fotos en poder de las Farc y varias advertencias los dejaron continuar el recorrido. El asunto no pasó de una traumática experiencia y la presentación de danza que finalmente cumplieron. Regresaron a Villa Rica y la vida fue la misma: colegio, familia, amigos. Nada cambió por 11 años hasta que las fotos resucitaron entre las evidencias recaudadas por la Policía en constantes operativos contra las Farc.
Fue la foto de Marisoliana la que llamó la atención, estaba en un formato de hoja de vida que tenía las Farc, con su nombre y hasta con un alias, “Marcela”. Lo curioso, que seguramente poco pasa, es que estaban los datos exactos de la protagonista, como si en verdad se tratara de una hoja de vida para buscar trabajo.
Marisoliana, en esos 11 años después de la fotografía que tomaron las Farc y que se convirtió en tragedia, nunca se cambió de casa, vivió con su mamá, se graduó del único colegio del municipio, estudió en la Universidad del Valle, se casó y tuvo un hijo. Sin embargo, la Fiscalía aseguró tener en sus manos una prueba irrefutable de su vinculación con las Farc. Por eso pidió su captura en marzo de 2012, en la era de Viviane Morales, le imputó cargos por rebelión y concierto para delinquir. Solicitó una medida de aseguramiento y la enviaron a la cárcel La Magdalena de Popayán.
El proceso
Marisoliana nunca fue informada de una investigación en su contra, a pesar de que tenía el mismo domicilio desde que nació, la casa de sus padres. Estuvo casi dos años privada de la libertad hasta que un juez, en medio del proceso, se percató de que la Fiscalía dejó vencer los términos, y ordenó su libertad en agosto de 2013, ya en la administración de Eduardo Montealegre. Nunca probaron la presunta relación con las Farc que la puso tras las rejas.
Por el contrario, la defensa demostró cómo las pruebas en contra de Marisoliana, que se resumían en la fotografía y la supuesta hoja de vida, fueron manipuladas para cambiar la fecha y convertir a una niña, en mayor de edad, solo con alterar dos dígitos. “Demostramos que existían dos perfiles distintos de Marisoliana y con información que se ajustaba a la intención de la Fiscalía, confirmar que en el momento de la foto era mayor de edad”, dijo Brenda Acosta, abogada de la Fundación Defensa de Inocentes.
El caudal de pruebas que la Fiscalía prometió en la imputación de cargos contra Marisoliana se redujo a la foto y las declaraciones de varios desmovilizados que solo buscaban beneficios judiciales. La fiscal del caso dejó vencer los términos, no presentó la evidencia y convirtió a una niña que soñaba con ser bailarina en una guerrillera buscada en todo el país.
En el expediente que conoció SEMANA la foto de Marisoliana de niña camuflada la enfrentan con la foto de su cédula; la Fiscalía la contrapuso como el afiche de una película de acción. Hubo reconocimiento en fila de personas con el resto de capturados y la foto de una niña que iba a un evento de danzas del colegio, terminó en el organigrama del sexto frente de las Farc. “Hay una serie de manifestaciones que la Fiscalía no logró llevar a juicio, incluso cambiaron las fechas de su supuesto ingreso a las Farc, nada lograron probar”, explicó la abogada Acosta.
En la cárcel
El día que capturaron a Marisoliana estaba en una panadería de Villa Rica. La llevaron a una URI y comenzó su calvario. “Fue una etapa muy fuerte, mi mamá se desmayaba, la llevaron al hospital, me trataron como la peor delincuente”, dijo esta víctima de la justicia mientras explicaba cómo su vida se desmoronaba en cuestión de minutos, en los cuales no sabía cómo iba a explicar a su esposo y a su hijo que se salvó de las Farc, pero no de la Fiscalía.
Marisoliana estaba en la cárcel y nada cuadraba. Ella se había graduado de trabajo social, curiosamente, durante el mismo tiempo que, según la Fiscalía, estaba en el monte enfrentando a la fuerza pública. En la cárcel se convirtió en alfabetizadora de otras internas.
Los vecinos de Villa Rica que la vieron crecer se agolparon para brindarle apoyo y se solidarizaron con su situación hasta su regreso a la libertad, “del grupo de compañeros de danza fui la única capturada, la única que la Fiscalía buscó, tal vez porque entregué todos mis datos cuando las Farc me tomaron esa foto. Ellos, mis compañeros, me colaboraron, pero tenían miedo de que les pasara lo mismo”, dijo Marisoliana.
La preclusión
La cronología de esta historia arrancó en 2001, cuando las Farc le tomaron la fotografía a Marisoliana antes del evento de danza, 11 años después, en 2012, la Fiscalía abre un proceso y la captura. Casi dos años más tarde se vencen los términos y recobra la libertad. El proceso continuó y, una década después, la misma Fiscalía que la investigó, la expuso y la judicializó, pidió la preclusión de la investigación.
“La Fiscalía dejó prescribir el proceso, decían que tenían audios, pruebas de mi vinculación con las Farc, pero nunca mostraron nada. Me trataron como lo más malo de la sociedad. Quedar libre fue un milagro”, dijo Marisoliana al contar que después de dos décadas la justicia que la llevó a una cárcel, ahora ni siquiera se disculpa por semejante agravio.
Un juez dejó en un acta la solicitud de preclusión de la Fiscalía por prescripción de los delitos, en otras palabras, pasó el tiempo, detuvieron a Marisoliana y no lograron demostrar su supuesta vinculación con las Farc. “El juez compulsó copias, pidió investigar las presuntas irregularidades y sin reparo precluyó el proceso contra Marisoliana”, explicó la abogada Brenda.
Ahora el Estado, en otras palabras, los colombianos, deberán responder por los daños morales, familiares y patrimoniales que causó la Fiscalía con este proceso irregular, prescrito y precluido por la misma entidad que lo inició.