No faltaron los reclamos en contra de los jueces que recientemente tomaron algunas determinaciones que, a los ojos ciudadanos y hasta de personalidades de la política, como la alcaldesa de Bogotá Claudia López, se convirtieron en evidentes hechos de impunidad. Para el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, es claro que existe la autonomía judicial en poder de los jueces, pero afirmó que no es absoluta.
El primer caso que motivó los reclamos a los jueces fue la orden de enviar a la casa al hombre que atacó a su mujer y hasta la quemó, en un evidente intento de feminicidio. La Fiscalía investigó, la Policía lo capturó y un juez lo envió a detención domiciliaria. El segundo hecho tiene que ver con el abogado Fernando Amaya, quien se defendió de un ladrón que entró a su casa para atracarlo y ahora, este abogado, se encuentra a las puertas de un juicio y de una condena en su contra.
Por esos casos se le consultó a Ruiz, quien se anticipó a advertir que como ministro de Justicia hace parte de la rama ejecutiva y los jueces están en otro escenario, aún así aseguró que los ciudadanos tienen la posibilidad de increpar las decisiones judiciales a través de la denuncia ante la misma Fiscalía o la queja en la Comisión de Disciplina Judicial.
“Cualquier irregularidad que vean los colombianos frente a un juez de la república deben denunciarlo ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o ante la Fiscalía por presuntamente haber cometido algún delito. Porque recordemos que nadie está exento de que lo investiguen o lo sancionen si hay lugar”, dijo el ministro al preguntarle por las polémicas alrededor de los casos en cuestión.
El jefe de la cartera aseguró que la autonomía judicial, a pesar de ser la potestad de los jueces para tomar las decisiones a su interpretación y a partir de la ley, no puede considerarse absoluta, de ahí que los ciudadano y las partes en los procesos, pueden oponerse por las vías legales establecidas, incluso la denuncia.
“Si alguna persona se da cuenta de cualquier irregularidad de un juez de la república pues debe denunciarlo disciplinaria y penalmente, pero recordemos que no es una independencia absoluta, recordemos que los jueces también están sometidos a la ley y a la constitución”, señaló el jefe de la cartera de justicia.
Algunos expertos en derecho como los integrantes del Colegio de Abogados Penalistas salieron en defensa de las decisiones de la jueces, justamente en el caso que más controversia generó y donde la alcaldesa de Bogotá anticipó que se trataba de un evidente ejemplo de impunidad.
“Cómo es posible que un caso de feminicidio con plena evidencia de un hombre que quema a su pareja y la tiene entre la vida y la muerte, y el juez da prisión domiciliaria al victimario. ¡La impunidad incita a más violencia e inseguridad! ¿Qué espera? Que la reciba en casa si se salva?”, dijo a través de sus redes sociales la mandataria.
El juez respondió a los reclamos de la alcaldesa de Bogotá, y advirtió, aunque no era el caso, que los medios y los líderes de opinión deben conocer en detalle las decisiones antes de criticarlas. Incluyó a los medios cuando el reclamo salió de la alcaldesa.
“La selección de la medida de detención en residencia obedeció a la acreditación, por la defensa de esta persona, de un ámbito domiciliario alejado y diferente al de la víctima, que permitía neutralizar suficientemente el riesgo detectado… En esas condiciones, el sistema judicial no podía optar por medidas más intensas”, dijo el juez.
El asunto en discusión ahora fue objeto de análisis del Gobierno a través del ministro de justicia que incluso advirtió trabajan en la construcción del documento que será la ley de seguridad ciudadana para darle mayores herramientas a los jueces de cara a eliminar tantos beneficios a procesados.