Cuando José Carlos y su primo, tomaron la decisión de definir su situación militar, incorporándose al Ejército, no se imaginaron que uno terminaría amputado y el otro asesinado, el mismo día, en el mismo ataque del Clan de Golfo, en Antioquia. La barbarie de Frontino, el 19 de abril de 2022. Otros cinco soldados fueron acribillados.
José Carlos quedó vivo, por lo menos una parte de él. Despierto sintió el estruendo de una bomba que estalló al paso del camión del Ejército que lo llevaba de regreso a la base. Vio como sus piernas se despedazaron y su primo quedó inmóvil. “Siempre estuve consciente, cuando me atendieron en el suelo, más de cinco horas tirado, rogando porque el suero no se acabara, con el dolor que se puede sentir con medio cuerpo desprendido”, dijo José Carlos.
La tragedia lo convirtió en héroe, en un sobreviviente, pero solo por tres meses. José Carlos estaba por terminar el servicio militar cuando ocurrió el ataque. Lo llevaron al hospital de Frontino, luego a Medellín. Más de cinco cirugías y un proceso de rehabilitación. A sus 22 años tenía que aprender a caminar otra vez. Pero la burocracia del sistema de salud militar lo mutiló por segunda vez.
“Cuando cumplí los 18 meses de servicio militar, aún estaba en terapias, pero me desafiliaron del sistema. No podía pedir citas, medicamentos, ni el tratamiento. Tampoco la bonificación mensual. Estaba en Bogotá, lejos de mi familia, solo, sin qué comer y sin cómo moverme”, contó José Carlos a SEMANA, para revelar su otra guerra, ahora legal, contra la dirección de Sanidad Militar.
Sin servicio de salud, sin piernas y en una ciudad desconocida, José Carlos se amarró a un catre, en la unidad para la rehabilitación de veteranos, para no quedarse en la calle. Lo demás corrió por cuenta de su familia, que desde un pueblo en Córdoba, reunía dinero para pagar la alimentación de este héroe amputado, al que también le amputaron su rehabilitación.
Con su medio cuerpo, José Carlos inició una cruzada por rogarle a la Dirección de Sanidad que no lo desamparara, que le ayudara con el tratamiento. Le dejó media vida al Ejército y tenía derecho a la asistencia médica, a una indemnización y una pensión por invalidez. La respuesta de Sanidad Militar fue otro atentado.
“Cuando el personal de que trata el presente decreto se haya desvinculado sin derecho a la asignación de retiro, pensión de jubilación o pensión de invalidez y abandone o rehusé sin justa causa, por un término de dos meses o durante el mismo periodo no cumpla el tratamiento prescrito por la sanidad o con las indicaciones que le han sido hechas al respecto, la institución quedará exonera del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que de ello se deriven”, señala una respuesta que le llegó, no solo a José Carlos, sino a otros soldados que esperan algún tipo de reparación del Ejército.
Con esta sentencia de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares y ante la imposibilidad de hacer los exámenes o tratamientos médicos, por encontrarse desafiliado del sistema de salud militar, José Carlos se quedó por fuera de cualquier posibilidad de aspirar a una pensión o un reconocimiento por la mitad del cuerpo que dejó en las carreteras de Frontino, en Antioquia, luego del ataque.
“No podía hacer nada, por eso me atrasé en el proceso de rehabilitación, por lo que no pude sacar citas, no pude hacer nada. Apenas unos conceptos médicos. Me quitaron la bonificación y el servicio médico, lo mínimo para iniciar los trámites para la pensión o la indemnización”, dijo el soldado.
José Carlos, que pensó en hacer una carrera militar, era un paria en el Ejército, medio hombre que no podía portar un fusil y tampoco podía reclamar los derechos adquiridos cuando juró bandera, menos regresar a su casa, a la vida que tenían antes de enlistarse en defensa de la patria. Su honor quedó mutilado.
“Cada tres meses tocaba pedir que activaran el servicio, y lo hacían cuando les daba la gana, era imposible. Cartas, documentos, solicitudes rogando por el servicio, para pedir las citas que ellos mismos exigen cuando se solicita la junta médica que define la pensión o indemnización”, explicó José Carlos.
La fe en la causa de José Carlos se redactó en una tutela para exigir la activación de los servicios y la definición de su situación médica, la necesidad de la pensión por invalidez, la urgencia de rehacer su vida y la obligación de retomar su tratamiento de rehabilitación. De aprender a caminar con las piernas mecánicas que no eran suyas.
Fue en ese momento que José Carlos se dio cuenta de que no estaba solo en la otra guerra que libran los soldados mutilados del Ejército. Conoció a un grupo de abogados que no solo le ayudó con la tutela, sino que lo acompañó en todo el proceso hasta conseguir lo que otros 40 soldados llevan rogando: la pensión por invalidez.
“Son muchos los problemas para estos soldados, porque el Ejército niega tratamientos médicos y el problema radica en que cuando terminan de prestar el servicio militar son retirados de la asistencia médica, pero el Ejército tiene obligación de prestar los servicios médicos, pero no ocurre así”, dijo Natalia Marín, la abogada que junto a otros defensores ahora se convirtieron en la prótesis legal de los soldados mutilados.
La abogada Marín aseguró que la situación de José Carlos, a pesar de haber sido víctima de un ataque terrorista con tantas muertes y tan publicitado por los medios de comunicación, se convirtió para Sanidad Militar en un hecho más, otra cifra en los formatos de la tramitología que parece tener la vocación de impedir que los soldados accedan a sus derechos.
“A muchos soldados les dejan tirados los procesos médicos, porque viven muy lejos para hacerse los exámenes, no los dejan quedar en sitios de paso del Ejército… ni siquiera los reciben y los abogados, como nosotros, tenemos que cubrir estos gastos, la alimentación, alojamientos para que puedan cumplir con las citas médicas, que en ocasiones cancelan. Ni siquiera para el transporte les dan”, explicó la abogada, que aseguró, asisten a por lo menos 40 soldados con el mismo problema y las mismas necesidades.
La ley es clara en estos asuntos de pensión de invalidez e indemnizaciones en la fuerza pública y la Dirección de Sanidad la aplica a rajatabla. Pero los trámites, las citas médicas y las valoraciones, antes de la junta médica que define esas reparaciones económicas, parece selectiva.
Los propios uniformados, en las Fuerzas Militares, advierten que las peripecias de los soldados, en medio de la pobreza y las necesidades, no las padecen los oficiales, como generales, que después de una vida en la fuerza obtienen las citas y los exámenes en cuestión de días y las indemnizaciones resultan millonarias.
“Hay un proceso largo con un tratamiento médico que requiere de tutelas, luego desacatados, nada importa. Al solicitar la fecha para la junta médica, no se otorga, se la niegan. Más de 40 soldados con ese problema…. Si después del retiro no han hecho la ficha médica ya pierden la oportunidad”, dijo la abogada Marín.
Sanidad Militar parece olvidar que muchos soldados, que terminan mutilados en cumplimiento de su juramento con la Patria, viven en zonas apartadas del país, lejos de cualquier centro médico militar, de la posibilidad siquiera de internet o teléfono para pedir las citas o siquiera enterarse de que el Ejército los desechó.
“Pareciera que el sistema está diseñado para impedir que los soldados víctimas puedan acceder a los servicios básicos, a las citas médicas. Resulta en momentos imposible de cumplir, hasta las respuestas de Sanidad parecen calcadas, a todos les contestan lo mismo sin detenerse a mirar los contextos y donde están estas víctimas”, dijo la abogada.
José Carlos, actualmente integra el equipo de esgrima en la liga de veteranos y desde su silla de ruedas construye el sueño de un deportista paraolímpico. Tuvo la fortuna de encontrar escuderos legales en su lucha contra la institución que protegió. Pero la misma suerte no la tienen todos. Muchos soldados pierden la batalla con los trámites y la burocracia que los mutiló por segunda vez.