Hace diez años los campesinos que viven en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango han denunciado que tanto en lugares de inundación de la represa como del área de influencia indirecta hay fosas comunes con los cuerpos de hombres desaparecidos en el norte de Antioquia desde la década de los años noventa. Esas palabras habían sido poco atendidas hasta este martes, cuando la JEP convocó a una audiencia pública para determinar si EPM e Hidroituango S.A. hicieron lo necesario para buscar a dichos desaparecidos o, por el contrario, actuaron sin tomar las medidas necesarias. La audiencia se realiza por la solicitud de medidas cautelares que hizo el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ante la Jurisdicción de Paz (JEP) y terminará este 9 de octubre después de que el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, escuche a las partes llamadas a dar testimonio: Ministerio del Interior, Gobernación de Antioquia, las alcaldías del área de influencia, EPM, Hidroituango S.A., Fundación Socya, grupo de búsqueda y exhumaciones de la Fiscalía, el partido político FARC, el Movice y el movimiento Ríos Vivos. Le puede interesar: Aseguradora sí pagará la contingencia de Hidroituango. Las cifras que ahora revela la JEP después de hacer un rastreo por las principales investigaciones de desaparición que se han realizado en la zona, revelan que en los 12 municipios del área de influencia se presentaron entre 1985 y 2012 más de 950 casos, sin embargo en la audiencia solo se toman los municipios de Briceño, Ituango, Peque, Sabanalarga, Toledo y Valdivia donde entre 1995 y 1999 hubo 187 desapariciones, que se duplicaron en el quinquenio 2000-2004 a 300. De las 667 desapariciones que se registran en los seis municipios, se ha determinado que 278 son de paramilitares, 116 de las Farc, 96 de grupos armados desconocidos y 10 de agentes del Estado. Todas estas desapariciones se pueden leer en contexto con otros fenómenos de violencia que han sucedido en la región: masacres, asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones cometidos por grupos como el bloque Minero de las AUC, los 12 Apósteles, los frentes 18 y 36 de las Farc y grupos de violencia que no se han determinado. Como si fuera poco, la JEP indaga en un tema que ha sido sensible para EPM y su contratista la Fundación Socya —que estuvo encargada de la gestión social del proyecto—: el pueblo indígena Nutabe, que ha tenido como territorio el cañón del río Cauca, específicamente la zona conocida como Orobajo. Y es que el pueblo vino a ser reconocido por el Ministerio del Interior solo en 2017, pese a que había solicitudes desde inicios de la década pasada, por esto no se le tuvo en cuenta para realizar una consulta previa, derecho fundamental que tiene los pueblos indígenas y grupos étnicos cuando se van a realizar proyecto de infraestructura o explotación en sus territorios ancestrales. El pueblo Nutabe fue víctima de esta violencia, pues en 1998 fue asesinado su último cacique, Virgilio Sucerquia, junto con otros cinco indígenas, dos de ellos desaparecidos. Por esa época, el diario El Colombiano publicó: “A los funerales de don Virgilio Sucerquia debió asistir toda Antioquia. De haberse enterado de su muerte, era responsabilidad del presidente de la república de Colombia acompañarlo hasta su última morada y cantarle un adiós agradecido. El cuerpo de don Virgilio, solitario, putrefacto, agujereado por las balas y generaciones que lo antecedieron en la localidad de Orobajo, jurisdicción de Sabanalarga, Noroccidente antioqueño. Don Virgilio representaba quinientos años de resistencia de la cultura Nutabe, pueblo que, basado en una jerarquía organizacional, donde los caciques superiores eran sus máximas autoridades, dominó todo el noroccidente de Antioquia”. Le recomendamos: EPM está en deuda con las comunidades: Fernando Carrillo. SEMANA pudo conocer que para determinar cuáles fueron los procesos que se llevaron a cabo para establecer lugares de ubicación de fosas comunes, reparación y verdad a las víctimas, y mecanismos de participación con el pueblo Nutabe, la JEP le pidió hace cuatro meses a la Fundación Socya toda la documentación de la gestión social, sin embargo hicieron caso omiso a la decisión del magistrado, por lo que hace ocho días se le hizo una inspección: ahora toda la información está en manos del tribunal, donde ahora es estudiada. En palabras del magistrado Salazar, “la discusión es relativamente sencilla: hubo una cantidad de gente desaparecida en la región, unos cuerpos eran inhumados en estos sitios, otros eran lanzados al río, seguramente muchos están en otros municipios aguas abajo o nunca más aparecieron, pero la zona del proyecto también recibía otros desaparecidos, por lo que el universo de personas desaparecidas no es solo de estos municipios sino que es algo más grandes y mucho más complejos. Nosotros ahora hemos reunido información y convocamos a una audiencia para escuchar a las partes”. La JEP no solo se interesa por las posibles fosas comunes que podrían existir en la zona del embalse, pues esto se limitaría a 3.800 hectáreas en el lugar de la cota de máxima inundación, se busca información de fosas en toda el área de influencia: 380.000 hectáreas. “Hay tres grandes tipos de casos: personas no identificadas, personas identificadas no reclamadas, personas inhumadas en cementerios que cumplen con la norma y de los cuales se ha hecho una valoración del nivel y la calidad del registro”. Esta diligencia también ha contado con las versiones entregadas por paramilitares a Justicia y Paz, sin embargo la JEP ha encontrado que muchos de estos testimonios ni siquiera están transcritos a papel y de ellos solo se han usado pequeños fragmentos que han terminado en los medios de comunicación. Esta audiencia pública vuelve a poner en el ojo del huracán a Hidroituango, un proyecto que apenas empieza a asomar la cabeza, pues la crisis que se vivió el año pasado sí será respaldada por la aseguradora española Mapfre y EPM empieza a generar a finales del año 2021.