El próximo martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de junio se llevará a cabo en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, una audiencia de reconocimiento público de siete exintegrantes del Secretariado del grupo al margen de la Ley las Farc-EP por dar órdenes de secuestros en el conflicto armado.
Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar tendrán que comparecer ante la audiencia.
Con el fin de que acepten o no su responsabilidad, los imputados deberán reconocer delitos sobre órdenes que dieron para secuestrar o por omitir el control de los malos tratos que tuvieron con las víctimas.
Cabe recordar que en abril de 2021 estos mismos integrantes del exgrupo guerrillero presentaron un reconocimiento escrito que deberá ser ahora público por los hechos y las conductas que encontró la Jurisdicción Especial para la Paz, que les imputó cargos.
De acuerdo como lo señala el comunicado #49 de la JEP:
“Los hallazgos de la investigación indican, por ejemplo, que las órdenes de secuestro se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad especial. El trato dado a los secuestrados quedaba a discreción de la guardia y el comandante de turno, y las víctimas han reportado casos graves de torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro”.
La política de secuestro de este extinto grupo fortaleció las finanzas de la organización ilegal que forzaba “el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios, castigándola por diversos motivos, investigándola por su presunta cercanía a los enemigos de la guerrilla o controlando la presencia y acciones de empresas y funcionarios públicos”.
Los delitos cometidos por las Farc-EP incurrieron en crímenes de lesa humanidad, como la privación de la libertad o crímenes de guerra que resultaron de la toma de rehenes y asesinatos, junto a desapariciones forzadas.
También se les atribuye la responsabilidad en las torturas, la violencia sexual, la esclavitud y el desplazamiento forzado, crímenes cometidos por sus subalternos que los llevaron a cabo por órdenes de mando.
El evento es importante en el marco de la reparación de víctimas que tendrá consecuencias jurídicas sobre los siete implicados.
¿Quiénes estarán presentes en la audiencia?
En este evento estarán presentes las víctimas, las cuales son acreditadas por la JEP, y quienes podrán intervenir tras las declaraciones de los siete imputados. Además, podrán dar a conocer sus demandas de verdad.
Igualmente, las otras víctimas serán espectadoras de la audiencia y podrán hacer sus respectivas observaciones y demandas del reconocimiento público durante 15 días hábiles.
Al término de esta audiencia, la magistratura tienen un plazo de tres meses para expedir la resolución de las conclusiones al Tribunal para la Paz, quien será el encargado de fijar las sanciones que tendrán los imputados.
¿Qué pasa si los imputados no reconocen su responsabilidad?
Si los siete exmiembros del Secretariado de la extinta guerrilla de las Farc-EP no reconocen su responsabilidad, la Sala enviará estos procesos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Sin embargo, al no aceptar la responsabilidad ni aportar verdad y son vencidos en juicio o lo hacen de manera tarde, los implicados podrían ser condenados con otras sanciones entre los 5 a 20 años de cárcel.
Pero si al ser evaluados los eventuales reconocimientos, sobre los tres conceptos que anuncia la JEP como fáctico, jurídico y restaurativo, sus casos podrían pasar a la Sección de Primera Instancia en casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que “adoptará la sentencia condenatoria e impondrá las sanciones propias a las que haya lugar”, indica.