La Justicia Especial para la Paz (JEP) consiguió un logro digital gracias a la plataforma Jupiter, la cual sistematizó 20 millones de datos que tienen referencia a casos que lleva esa entidad en temas del conflicto armado.
“A través de la plataforma informativa conocida como Júpiter, se cristaliza un importante sistema de consulta digital que nutre las labores de investigación de la magistratura con valiosos microdatos y análisis estadísticos más precisos para el contraste de información y la identificación de patrones macrocriminales. Esto se pudo lograr gracias a los 971 informes que son una de las fuentes fundamentales en las investigaciones de la JEP y los cuales nutrieron la creación de los 11 macrocasos”, se lee en el comunicado dado a conocer por la JEP.
Fueron en total fueron 223 entidades del Estado y organizaciones defensoras de derechos humanos y/o de víctimas que entregaron informes o acompañaron a las víctimas en el diseño y presentación de los mismos. Esta información tuvo que ser unificada en la plataforma.
“A partir de estos insumos sistematizados, en una sola plataforma, los investigadores de la JEP podrán consultar en tiempo real la información documentada para incluirla en los expedientes como parte de la evidencia con la que instruirán los casos e interrogarán a los comparecientes”, agrega la entidad en el documento oficial.
JEP revela nuevos detalles de las investigaciones que adelanta por falsos positivos en la Costa Caribe, Catatumbo y Casanare
En una nueva decisión conocida por SEMANA, la JEP creó tres subsalas destinadas a definir la situación jurídica de aquellos miembros del Ejército y la Policía Nacional que no fueron encontrados como máximos responsables en los asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (antiguamente conocidos como ‘falsos positivos’) cometidos en la Costa Caribe, el Catatumbo y Casanare, en el marco del Caso 03.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP es la competente para definir la situación jurídica de estos comparecientes que fueron integrantes de algunas unidades militares y que no fueron considerados máximos responsables por la Sala de Reconocimiento en graves crímenes que estudia el Caso 03.
“Esos comparecientes entrarán a un proceso para definir su situación jurídica sin que ello les acarree una sanción. Se recaudará y contrastará la información necesaria para, de manera independiente, decidir sobre la situación jurídica de esas personas”; advirtió la JEP.
Así mismo, estas subsalas tendrán la tarea de revisar otros casos que se salgan del ámbito temporal que investigó la Sala de Reconocimiento y que tengan abierto un proceso en la justicia ordinaria, que hagan parte de las unidades militares tenidas en cuenta en el Caso 03 y que hayan ocurrido en la Costa Caribe, el Catatumbo o Casanare. Lo anterior, con el fin de continuar con el proceso transicional bajo las prácticas o patrones macrocriminales ya determinados, si llega a ser necesario.
Se espera que en el futuro estas subsalas puedan hacer una redistribución de las regiones para llevar nuevos trámites no sancionatorios de otros macrocasos que remita la Sala de Reconocimiento para avanzar en el proceso de definición de la situación jurídica de aquellos comparecientes que no sean considerados máximos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que investiga la JEP.