Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó al excongresista del departamento de Córdoba, Musa Besaile, con el compromiso de contar la verdad sobre la parapolítica y el denominado ‘cartel de la toga’, la Procuraduría no está de acuerdo con que este tipo de casos lleguen a ese tribunal por considerar que son meros episodios de corrupción administrativa y no delitos relacionados con el conflicto.
Por esa razón el procurador Fernando Carillo, entregó detalles del por qué se apeló la decisión y argumentó que los carteles de la corrupción no pueden utilizar al nuevo tribunal como un “burladero para evadir la justicia”.
El funcionario indicó que los delitos comunes que fueron cometidos por terceros deben tener relación directa con el conflicto armado si quieren someterse a la JEP, razón por la cual, según el Procurador, en el caso de Besaile no se cumple con esta condición. El Ministerio Público considera improcedente el sometimiento del excongresista a este tribunal y más por "pretender cubrir con un manto de impunidad delitos que no tienen relación alguna con el conflicto". Carrillo, indicó que no solamente se ha hecho uso del recurso de apelación en el caso de Besaile, si no que también se hizo la misma solicitud en casos como los del excongresista Álvaro Ashton, el general (r) Miguel Maza Márquez y el exsenador Alberto Santofimio Botero, por considerar que "las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz no pueden ser vulneradas para intentar burlarse de la justicia y la sociedad".
Justamente el excongresista fue aceptado como agente del Estado por los 13 procesos que tenía en la Corte Suprema de Justicia. En uno de ellos fue en donde reconoció que pagó más de $2.000 millones para torcer su proceso y evitar su captura, lo que involucró a varios exmagistrados de ese tribunal. Así las cosas, la apelación está orientada a que el denominado ‘cartel de la toga‘ y el caso del ‘cartel de la hemofilia‘, procesos en los que Besaile responde por presuntos delitos, no son competencia de la JEP ya que no tienen relación directa con el conflicto y se trata de pura corrupción administrativa. Por eso, Carrillo, contó que esa será la sustentación que hará el Ministerio Público ante los magistrados de la JEP en los próximos días.
"Al igual que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría cree que los delitos comunes que terceros pretendan someter a conocimiento de la JEP, deben tener una conexidad material y directa con el conflicto armado y cumplir con los siguientes criterios de conexidad: i) Que el delito común no se cometa en beneficio personal, ii) Que el delito común tenga una conexidad material con los delitos propios del conflicto, iii) Que el delito común signifique un aporte verificable, material o moral, al esfuerzo general de guerra de uno de los actores del conflicto o en la conducción de hostilidades", dijo Carrillo. Como Besaile, dentro de los compromisos que hizo de verdad para entrar a la JEP, aseguró que contaría cómo se logró la elección del actual Procurador, Carrillo, dijo que “si tienen algo que decir contra alguien, incluso contra mí, que lo digan a la Justicia ordinaria. El que tenga pruebas y no infamias y mentiras que acuda a la Corte Suprema”. En los próximos días la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz deberá resolver el recurso del Procurador Delegado que presentó el documento.