En el municipio de Marsella, Risaralda, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, desarrollará los días 16 y 17 de noviembre la audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares que fueron impartidas a 27 cementerios de igual número de municipios de los departamentos de Risaralda y Quindío.
La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad será la encargada de liderar la audiencia, en la que participarán 11 organizaciones de víctimas y diferentes autoridades del orden nacional que tienen el deber de conservar, custodiar y proteger los cuerpos de las víctimas.
Los cementerios que tienen estas medidas cautelares son aquellos en los que se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado, y con la información recaudada previa y durante la audiencia, y las demandas de verdad que presenten las víctimas, “la magistratura decidirá si prorroga las medidas cautelares que impuso desde 2021″, explicaron desde la JEP.
Anunciaron que, durante la audiencia, la sección recibirá y revisará diversos informes sobre los cementerios protegidos, realizados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), así como la gestión de diferentes autoridades del orden nacional.
La audiencia se realizará en Marsella, Risaralda, porque según la JEP este “es uno de los municipios con mayores registros de recepción de cuerpos no identificados en el Eje Cafetero. Según el Ministerio del Interior, allí habría, al menos, 553 cuerpos de personas desaparecidas, de los cuales 406 se encontraban en dicho lugar para el año 2015″.
De acuerdo con la información entregada por la JEP, un gran porcentaje de estos cuerpos podrían corresponder a víctimas de la Masacre de Trujillo, ocurrida en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar en el Valle del Cauca, entre 1986 y 1994. Durante los hechos ocurridos a lo largo de estos años, las víctimas fueron arrojadas al río Cauca.
Para estos dos días de audiencia, la Jurisdicción ha recibido información de las Alcaldías y parroquias de los departamentos de Quindío y Risaralda sobre los inventarios relacionados con cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados (CINR) de posibles víctimas del conflicto armado; informes que también serán contrastados.
“La sección pudo establecer que, como ha ocurrido en otras regiones de Colombia, la información no es clara ni uniforme frente a las cifras de víctimas de desaparición forzada. Según la Unidad de Víctimas, en Risaralda hay 423 víctimas directas de desaparición forzada y 1.388 indirectas; y en Quindío 158 víctimas directas y 416 indirectas.
Las medidas cautelares para estos 27 cementerios fueron ordenadas en respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) para proteger los lugares donde se presume la existencia de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de víctimas de desaparición forzada, a la cual se sumó el Colectivo Orlando Fals Borda.
En el Quindío, las medidas se tienen en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia; en el caso de Risaralda, cubre estos sitios en Santuario, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pereira.
Según datos revelados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, son 2.967 víctimas de desaparición y la UBPD suma 1.224 personas desaparecidas en estos departamentos del Eje Cafetero.
Según los informes del Ministerio del Interior, podrían encontrarse 2.261 cuerpos no identificados y 539 cuerpos identificados y no reclamados en los cementerios sobre los cuales se impusieron las medidas cautelares en Risaralda y Quindío. Durante la audiencia, la sección verificará si dichos cuerpos son ubicables, si han sido exhumados por orden de alguna autoridad o si se ha perdido el rastro por diversas causas, entre las que se incluyen las malas prácticas de los cementerios evidenciadas en otros trámites.
Con la información recaudada previamente y durante la audiencia, y las demandas de verdad que presenten las víctimas, la magistratura decidirá si prorroga las medidas cautelares o si ordena su levantamiento.