En una audiencia para legalizar la captura de un hombre de 52 años, este le reveló a la jueza que era posible caso positivo de coronavirus. El hombre llevaba consigo un dictamen de Medicina Legal que registraba: “Sintomático respiratorio y por tanto se trata como sospechoso de covid-19”.

El hombre llegó a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, luego de estar recluido en la URI de Kennedy. Y aunque algunos especularon que podría tratarse de una estrategia para dilatar su proceso, su caso terminó de detonar una tormenta en una rama judicial a la que, aún sin crisis sanitaria, se le nota el atraso. A tiempo que los asistentes a la diligencia entraban en pánico, el Consejo Superior de la Judicatura prorrogaba un paquete de medidas extraordinarias para frenar el contagio por coronavirus. Entre otras cosas dispuso suspender los términos judiciales hasta el 3 de abril, los funcionarios judiciales podrán laborar en este lapso desde sus casas, salvo que sea indispensable su traslado, y solo en casos excepcionales la demanda de justicia deberá ser atendida dentro de los términos. Estas exclusiones abarcan el trámite de tutelas de primera y segunda instancia, habeas corpus o diligencias de jueces de ejecución de penas y de control de garantías para definir la situación de un detenido.

Aun con la carga de atender solo lo urgente, los despachos tienen más interrogantes que respuestas sobre cómo seguirán funcionado. Las sesiones virtuales no han salido de los tubos de ensayo y el expediente virtual es todavía una iniciativa en pañales. En medio de la crisis, despachos en Manizales, Yopal, Santander, Magdalena y Puerto Boyacá anunciaron la recepción de acciones de tutela mediante estos medios. Los colegios de abogados y los jueces de control de garantías tomaron la vocería. Recordaron que en una sala de audiencias hay presentes por lo menos un imputado, un defensor, un procurador y un fiscal. Por ello, siguen reclamando la celebración de audiencias virtuales, un paso que el país no ha dado pero que algunos jueces vienen intentando hacer con las uñas. Incluso han publicado en redes sociales algunas iniciativas improvisadas. Pese a los atrasos de la tecnología, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ya autorizaron la celebración de las mismas.

De otro lado, la acción de la Fiscalía para perseguir a quienes amenazan la seguridad de los colombianos no puede parar. Los fiscales, en la medida de lo posible, ya están trabajando desde casa, pero el fiscal general, Francisco Barbosa, envió un mensaje a la gente para que reclame si las EPS y autoridades locales omiten el deber de prevención y protección. También han iniciado acciones contra particulares que eludan los controles. Esta semana, y al cierre de esta edición, dos ciudadanas colombianas habían sido capturadas y enviadas a detención domiciliaria por violar las restricciones de aislamiento para viajeros llegados del exterior. En igual sentido, iniciaron investigaciones contra dos personas que violaron la orden de aislamiento.

Si en los juzgados llueve, en las cárceles no escampa. Actualmente hay 121.55 personas recluidas en Colombia, de las cuales el 4,7 por ciento (5.745) supera los 60 años, lo que representa un mayor riesgo. El Gobierno clausuró las visitas a los centros penitenciarios, lo cual han rechazado los internos y ha ocasionado desórdenes. Y en este contexto, la sobrepoblación de alrededor del 50 por ciento en Colombia se convierte en una bomba de tiempo para la estabilidad del sistema penitenciario. En Brasil 1.300 presos se volaron luego de que las autoridades aplicaron restricciones para frenar el coronavirus. En Italia y Venezuela el temor por el virus dejó amotinamientos y muertos; en Irán liberaron 85.000 presos temporalmente para evitar la propagación. La pandemia puso a prueba la capacidad del Estado. Y cuando por medios de comunicación salió esta semana un juez de garantías vestido con el traje biológico que les repartió la Judicatura, unos médicos protestaron diciendo que si alguien está enfermo vaya donde un juez. El paradójico ejemplo refleja las necesidades impostergables de quienes atendienden enfermos. Pero no es del todo un desacierto, pues seguramente, como ocurre en la normalidad, la atención de muchos enfermos dependerá de la acción oportuna de un juez.