El Congreso está de vacaciones, pero por cuenta del proyecto de acto legislativo que va a radicar el Centro Democrático el debate político ya prendió motores. Se trata de una iniciativa que buscará que la doble instancia pueda ser retroactiva para los aforados, y que desde que fue propuesta por el expresidente Álvaro Uribe, en marzo pasado, ha sido denominada la ‘ley Arias’. El Centro Democrático planea radicar el proyecto el próximo 20 de julio, día en que arranca la nueva legislatura. “La doble instancia es derecho fundamental. Es la Justicia quien debe indicar la culpabilidad o no de los juzgados. Nosotros lo que buscamos es que se respete el derecho que tienen los ciudadanos, estamos dándole cumplimiento a una sentencia de Corte Constitucional”, aseguró el representante uribista Juan David Vélez. Consulte: Una ley que permita la segunda instancia, la única esperanza de Arias Esa sentencia de la corte exhortó al Congreso para que llene el vacío normativo que existió en Colombia antes del Acto Legislativo 01 del 2018, el cual permitió la revisión de fallos para aforados. Aunque el uribismo tiene esta sentencia y un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU a favor del exministro, la batalla política en el Congreso no será fácil. A esta reforma constitucional le pesa tener la sombra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, recientemente extraditado y quien podría ser recluido en la cárcel La Picota para que cumpla su sentencia de 17 años de prisión. Al ser consultados, varios congresistas aseguron que no están de acuerdo con el proyecto porque está hecho “a la medida de Arias”. El representante de la Alianza Verde Fabián Díaz, asegura que esta reforma "no es más que un mandado que el uribismo quiere hacerle a Arias”. Así llegó Andrés Felipe Arias hasta la extradición
“Es evidente que es para favorecer al exministro. Hay decenas de personas condenadas que no tuvieron derecho a la segunda instancia, y nunca a un gobierno se le ocurrió presentarlo. Nuestro país sería una vergüenza internacional, es evidente que se está legislando para favorecer una persona del partido de gobierno. Va en contravía de los principios del derecho penal, acarrearía una descomposición de la ley colombiana, ya la corte se pronunció en la Sala Penal que es la instancia de cierre”, aseguró a SEMANA el senador Ritter López (La U). Aunque varios congresistas de la oposición quieren darse un tiempo para analizar el proyecto antes de tomar postura, se anticipa que serán el palo en la rueda. El proyecto tiene garantizados por lo menos dos fuertes detractores: Gustavo Petro y Jorge Robledo. El primero asegura que el dinero de Agro Ingreso Seguro fue entregado por el gobierno Uribe a “narcoterratenientes”; y el segundo hizo en 2009 un debate en el Congreso denunciando el caso en el que Arias resultó condenado a 17 años de prisión. En contexto: “Agro Ingreso Seguro fue una pésima política agraria”: Jorge Enrique Robledo Otras voces de la oposición también se han mostrado en contra del proyecto. El senador Iván Cepeda (Polo) cuestiona que el mismo gobierno que ha dicho estar en contra de la corrupción quiera favorecer a un "corrupto". "Es totalmente incongruente que el gobierno del presidente Duque quiera impulsar en el Congreso leyes contra la corrupción y al mismo tiempo respalde una ley que va a permitir la posible impunidad de un funcionario corrupto del entorno político del senador que dirige la bancada, Álvaro Uribe", explicó. En caso de que el proyecto de acto legislativo pretenda efectivamente ayudar al exministro Arias a tener una segunda instancia no es visto por todos con malos ojos, sin embargo, sí llama la atención que sea el mismo uribismo el que intente bajarle la caña al decir que no es una reforma motivada por el caso Arias. Así lo aseguró el representante Vélez en entrevista con Blu Radio, donde dijo que “de ninguna manera” la iniciativa tenía esta intención, sino que de salir adelante podría beneficiar “incluso” al exministro de Uribe. Hay parlamentarios a los que les suena la idea de la doble instancia de aforados asegurando que es una forma de estar en sintonía con el derecho internacional, y que es necesario para zanjar una deuda histórica. Consulte: Andrés Felipe Arias perdió su batalla “El proyecto es bienvenido en la medida en que se saldaría una deuda histórica en materia de garantías procesales y respeto por el principio universal de la doble instancia de los aforados constitucionales. Toda sentencia debe ser susceptible de revisión en nuestro ordenamiento penal. Apoyaré la iniciativa si está fundamentada en el exhorto que la Corte Constitucional le hizo al Congreso para legislar en la materia”, explicó a SEMANA el representante de Cambio Radical, Héctor Vergara. Pódcast: ¿Picota o Escuela de Caballeria?: los interrogantes sobre el lugar de reclusión de Andrés Felipe Arias
El representante José Daniel López (Cambio Radical), también asegura que la reforma le parece lógica porque pondría a Colombia en la sintonía de las normas internaciones, pero que esta iniciativa debe “construirse conversando con la Corte Suprema de Justicia”, para resolver entre otros temas un “límite temporal para que la corte no se desborde”. Frente a este punto lo que se sabe es que el proyecto plantearía un periodo de cuatro años para recibir los casos de revisión de segunda instancia, y se crearía una sala de descongestión. Se calcula que habría cerca de 250 procesos contra aforados, entre congresistas y funcionarios, que podrían volverse a abrir. Entre los parlamentarios habría algunos como Ciro Ramírez, Luis Alberto ‘el Tuerto‘ Gil; Eleonora Pineda, y Miguel de la Espriella. Y entre los funcionarios, podrían estar María del Pilar Hurtado, Sabas Pretelt y Jorge Noguera. Un punto clave que se espera resolver pronto es cuál será es impacto del proyecto en las finanzas del Estado. Además, sobre este proyecto también pesa la posibilidad de que al abrir esta ventana se terminen beneficiando personas condenadas por casos tan controversiales como la parapolítica y el proceso 8.000, y que en definitiva se abra una Caja de Pandora judicial. “En el Congreso puede haber un ambiente mayoritario porque algunos pueden ver beneficios para sus jefes políticos, eso puede incentivar”, aseguró un congresista que pidió reserva de su nombre. Del mismo modo, voces opuestas al uribismo han respaldado la solicitud del exministro de tener una segunda instancia. Por ejemplo, el exministro del Interior del gobierno Santos, Guillermo Rivera, aseguró que se trata de un derecho constitucional que no puede ser negado a nadie. "No soy amigo de Arias, no soy uribista, ni tampoco pretendo beneficiar a los condenados por parapolitica. Soy un defensor de los derechos humanos y como tal debo decir que el derecho a la doble instancia hace parte del derecho internacional de los DH y debemos acatarlo", dijo. Explicó que el modelo original de juzgamiento de aforados previsto en la Constitución de 1991 desconoció esos tratados internacionales y que por esta razón, Colombia tuvo que modificar sus normas en 2018. "Creo que Andrés Felipe Arias tiene derecho a una segunda instancia", dijo. Sin duda, esta reforma constitucional copará gran atención del Legislativo y el Centro Democrático deberá buscar las mayorías. Por el momento, según el representante Vélez han hablado con “varios partidos como La U, Cambio Radical, conservadores y liberales que ven con buenos ojos el proyecto legislativo”. Sin embargo, dentro de esos partidos todavía no hay unanimidad para apoyar la ‘ley Arias’. ¿Arias está atrapado sin salida?