En la frontera con Venezuela siguen desapareciendo gente. Este crimen no es cosa del pasado, porque los actores armados, responsables de las desapariciones, luchan por controlar el territorio y las economías ilegales. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020 se reportaron 114 personas como víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander, según el portal Datos Abiertos de la Fiscalía General.
Nelly Martínez desapareció el 8 de octubre de 2018 en el barrio El Escobal de Cúcuta. Sus familiares, varios de ellos amenazados de muerte, tienen información que apunta a la banda transnacional la Línea. Este grupo tuvo una fuerte influencia en la zona hasta finales de 2019 cuando el ELN le declaró la guerra. “Los desaparecidos no existen acá, porque no fueron las Farc ni el ELN, sino desgraciadamente los de la Línea. Son delincuentes, pero para el Estado no existen, o sea que nuestros desaparecidos tampoco existen”, dice con voz quebrada Doris, la hermana de Nelly.
El modus operandi consiste en retener a una persona, llevarla a los sectores limítrofes para torturarla o asesinarla, sabiendo que las posibilidades de búsqueda disminuyen una vez pasen la frontera. Para ocultar los cuerpos, los desmiembran, los entierran en fosas comunes o los incineran en hornos crematorios, como el que crearon los paramilitares en Juan Frío.
Desde hace cuatro años, Elibeth Murcia celebra el cumpleaños de su esposo sin poder abrazarlo. Henry Pérez Ramírez cumplió 51 años el 7 de octubre y en su honor le pusieron globos y un cartel que decía: “Feliz cumpleaños, aún te esperamos”. Al líder social del Catatumbo lo vieron por última vez el 26 de enero de 2016 en su finca de la vereda Trocha Ganadera, de La Gabarra (Tibú). “A pesar de que para muchos es demasiado tiempo, a mí me parece que hubiera sido ayer”, dice su pareja.
El día del cumpleaños de Henry, la Fundación Progresar, oenegé defensora de derechos humanos, presentó ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición el informe ‘Desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander’. Según la Fundación, hay indicios de que a Henry lo desaparecieron las Farc. Antes de la firma del acuerdo de paz, esta guerrilla dominaba La Gabarra, que colinda con el estado Zulia. Su esposa cuenta que los armados no estaban de acuerdo con que Henry sembrara árboles frutales para sustituir los cultivos ilícitos, y menos con su labor de presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Catatumbo (Asoprocat).
El caso de Henry, como el de la mayoría de los desaparecidos, sigue en el misterio. En el proceso de búsqueda, sus familiares solo han conocido rumores. Algunos dicen que lo mataron; otros, que lo vieron en El Cruce, en Venezuela. “Sabemos que hay decenas de cuerpos sepultados en cementerios del estado Táchira, en San Cristóbal”, asegura Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.
La oenegé calcula que en la última década desaparecieron en la frontera al menos a 350 personas. Sin embargo, el informe se basó en 61 casos ocurridos entre 1990 y 2016. Allí encontraron que las desapariciones se concentran en Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander y Tibú; y en Venezuela, en Ureña y Obispo Ramos de Lora. Los perpetradores del crimen cambian según las dinámicas de la violencia. En la década del noventa dominaban el ELN, las Farc y el EPL. Después, entre 1999 y 2004, los paramilitares. Sin embargo, una vez se desmovilizaron en 2005, la actividad criminal se reorganizó. Entre 2010 y 2012, la desaparición forzada transfronteriza aumentó debido a la guerra desatada entre los Rastrojos y los Urabeños. Después surgieron actores como el Ejército Paramilitar de Norte de Santander y la Línea.
En Norte de Santander el fenómeno es tan grave que el año pasado la Gobernación creó la Mesa Ampliada Departamental de Desaparición Forzada. Desde 1985 hasta 2019, la Fiscalía registró 5.809 casos en este ente territorial, aunque se da un subregistro por el temor a denunciar. Según el secretario de Víctimas, Pedro Durán, esta instancia ha servido para coordinar los esfuerzos de las instituciones del Estado. Sin embargo, señala que “hay limitaciones obvias por no existir vínculos entre el Gobierno colombiano y el venezolano”.
Para los familiares, la esperanza persiste: no están muertos, sino desaparecidos. La ausencia y la incertidumbre permanecen. Algunas madres todavía les tienden las camas a sus hijos, y las esposas prefieren no mudarse de casa, no sea que algún día su ser querido regrese.