El nombre de Omar Ambuila no es familiar para los colombianos, sin embargo, desde el viernes el jefe del Grupo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura ha empezado a ser reconocido en la opinión pública por un caso de corrupción adentro de la institución donde ejercía como funcionario. Lo curioso del caso es que su hija, Jenny Ambuila Chará, fue la sospechosa de que detrás de los lujos de los cuales se jactaba había algo que no cuadraba en las cuentas de la familia. Puede leer: Los nuevos capos que se disputarían las llaves de la Oficina de Envigado Ambuila Chará posteaba en sus redes sociales la excéntrica vida que se daba con la plata ilegal que, según la Fiscalía, obtenía su padre dejando pasar containers de contrabando. Ella cargaba bolsas de Louis Vuitton, Channel, Givenchy y estudiaba en la Universidad de Harvard.
Padre e hija fueron detenidos en las últimas horas gracias a un operativo que realizó la Fiscalía General. También cayeron Elba Chará Gómez, esposa de Omar Ambuila; Emilson Moreno Granja, funcionario del Grupo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura y Gustavo Adolfo Rivas Arboleda.
El domingo, un juez de control de garantías envió a prisión a Omar y Jenny Lizeth Ambuila, Chará, Moreno y Rivas como medida de aseguramiento mientras transcurre el proceso judicial.
Ambuila dejaba pasar millonarias cargas de contrabando a cambio de dinero, según el ente acusador. Su hija se daba la gran vida con la plata que recogía su padre: iba a festivales de música electrónica, tenía viajes por todo el mundo, ropa de alta costura, tenía un celular en oro exclusivo de edición limitada, el Lamborghini de 1.000 millones y un Porsche de color blanco que se desconoce su valor, pero que Ambuila usaba para ir a la universidad.
Le recomendamos: Revelaciones olvidadas de un cartel de la toga en Barranquilla El carro de marca italiana, color rojo cereza, fue adquirido en el año 2006, según la Fiscalìa y trataron de justificarlo con la venta de una casa en el norte de Cali.
En el comunicado que emitió la Fiscalía se explica que le siguieron la pista a estas personas durante más de un año con apoyo de la Dian y agencias estadounidenses, además se lee que “habrían recibido millonarios dividendos que se ocultaron a través de la constitución de empresas fachada o fueron girados a sus familiares para que adquirieran bienes y servicios que superarían su capacidad económica. Por ejemplo, estaría demostrado que los dos funcionarios no tenían salarios superiores a los $6 millones; sin embargo, registraron ingresos y compras por montos muy superiores de los que nunca ha existido claridad sobre su origen". Un juez de control de garantías en Cali les imputará cargos por lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.