En la cárcel seguirán Nova Lorena Cañón Reyes y Santiago Castaño Morales. Así lo determinó el juzgado 72 de control de garantías de Bogotá, quien rechazó la petición que buscaba que se les otorgara detención domiciliaria mientras se adelanta el proceso penal por su presunta vinculación a la organización criminal que fundó el senador liberal Mario Alberto Castaño Pérez, a través de la cual se apropiaban de millonarios contratos para volverlos negocios de su bolsillo en los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
En la decisión se consideró que no existen méritos para modificar la medida de aseguramiento que emitió en marzo pasado otro juzgado, indicando que los dos procesados siguen representando un peligro para la sociedad y es la mejor medida para evitar que se afecte el desarrollo del proceso penal mediante la manipulación de pruebas y amenazas a testigos. Cañón y Castaño son procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
La defensa de los dos procesados había solicitado la modificación de la medida de aseguramiento argumentando que debido a su intención de colaborar con la justicia dentro de este caso de corrupción su integridad personal podría estar en riesgo.
En este sentido, manifestaban que querían aceptar responsabilidades penales y dar más información sobre personas implicadas. La solicitud se hizo en momentos en que el senador Mario Castaño era capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Cañón, catalogada como una de las principales lobistas en este caso, le manifestó formalmente a la Fiscalía General su interés de ayudar a esclarecer la investigación y dar más información sobre otros actos de corrupción.
La defensa de la mujer, de 42 años de edad, ha manifestado que en su teléfono celular cuenta con evidencia suficiente para demostrar la participación de un grupo de personas que no han sido mencionadas en este caso y que habrían colaborado con el direccionamiento de millonarios contratos en entidades como el Sena, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), entre muchas otras.
La Fiscalía General los señaló de ser los encargados de contactar citas en diferentes entidades del Estado con el fin de favorecer las pretensiones del congresista del Partido Liberal, y quien es considerado uno de los barones electorales en el Eje Cafetero.
En diversas interceptaciones telefónicas, Cañón y Castaño le mencionan directamente al dirigente político las acciones que están adelantando en diferentes Ministerios y la búsqueda de contratos para la región.
Incluso, en la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso llamó la atención por el hecho que creyó en un principio que Lorena Cañón era funcionaria del Ministerio del Interior, por la facilidad que tenía de acceder a información privilegiada y contactar citas con varias personas para hablar de temas reservados.
En este proceso judicial existe una gran barrera, puesto que en mayo pasado un juez no avaló la búsqueda selectiva en base de datos. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía General, pero hasta el momento no ha sido resuelta.
En la actualidad, el senador Mario Castaño se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. La Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento mientras resuelve su situación jurídica, esto es, si lo llama o no a juicio.
El senador liberal, quien había sido reelegido para el período 2022-2026, es investigado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, concusión y estafa.