La plataforma de servicio de transporte Uber deberá pagar unos 630.000 dólares por obstruir una visita administrativa a su sede de la autoridad que vela por la libre competencia de mercado en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio multó este lunes con 2.128 millones de pesos colombianos a la filial de la empresa estadounidense "al quedar demostrado que con su conducta obstruyó una visita administrativa" e "incumplió órdenes e instrucciones dadas", por el ente regulador. "La empresa presentó una actitud displicente y obstructiva frente a diferentes requerimientos de información por parte de los funcionarios", indicó la autoridad en un comunicado. Puede leer: El Distrito selló temporalmente una de las oficinas de Uber La sanción, contra la que procede recurso de reposición ante la misma superintendencia, se da luego de una visita realizada el 13 de octubre de 2017 a la sede de la compañía en Bogotá. "Existe una política empresarial al interior de UberColombia, en la cual se instruye a sus funcionarios en la forma cómo deben comportarse frente a la visita de una autoridad administrativa", agregó. Según el ente, se evidenció que existen "instrucciones institucionales" de no dar información sobre el negocio de la empresa ni brindar acceso a los equipos e incluso bloquear archivos electrónicos. Así como de no entregar documentos corporativos como actas de asambleas, estatutos o balances, de acuerdo con el boletín. Por eso, además, la superintendencia multó a Natalia Patricia Caroprese y Felipe Alberto Sandoval (asesores legales de Uber en ese momento) a pagar $14‘906.088 y 24‘843.480 millones de pesos respectivamente, por haber contribuido con la obstrucción. Y de igual manera, la SIC obligó a Andrés Felipe Bedoya (gerente de la seccional Colombia) a pagar $4‘968.696 millones. Uber llegó en 2013 al país sudamericano y cuenta con 88.000 conductores, según un comunicado de la compañía de febrero pasado. Le sugerimos: ¿Y si los taxistas tienen la razón? Lo que hay de fondo en la protesta Aunque su funcionamiento como aplicación digital está permitido por el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la prestación del servicio de transporte de vehículos con conductor (VTC) es ilegal. La empresa paga el impuesto del IVA y está autorizada para publicitarse en medios, pero por el vacío en la regularización de esas plataformas la policía puede sancionar a un conductor de Uber. Al arribo de la firma estadounidense se han sumado otras aplicaciones con servicios similares, ante el rechazo de sindicatos de conductores y propietarios de taxis.