Miles de ciudadanos en la zona oriental de Bogotá se quejan por el aumento en la tarifa de aseo y tienen razón. Están pagando el doble por cuenta de una pelea legal que cambió las reglas de juego en el sistema de cobro en el servicio de barrido de la capital. Un informe conocido por SEMANA advierte que un operador le estaría cobrando a los ciudadanos hasta por barrer el pasto.
El lío es grande y millonario, y como pocas veces están enfrentados poderosos abogados como los exmagistrados Humberto Sierra Porto, Juan Carlos Henao, Néstor Raúl Correa; los reconocidos juristas Alejandro Carranza, Francisco Bernate, Majer Abushihab y hasta el exfiscal Néstor Humberto Martínez.
En 2018 se firmó el contrato que dividió a Bogotá en cinco grandes zonas para el servicio de aseo, adjudicado al mismo número de empresas: Lime, Promoambiental, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia. Un año después empezaron los problemas por barrer la capital, el meollo jurídico convocó a los cacaos del derecho en Colombia.
La empresa Promoambiental, responsable de la zona oriental de Bogotá, que va desde Sumapaz hasta Usaquén, se quejó porque la fórmula para cobrar el servicio de barrido les arrojaba pérdidas. El contrato inicial con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito (Uaesp) señala que la tarifa por barrido de la ciudad se calcula por el número de usuarios y no por los kilómetros que barren.
Como las cuentas no daban, según la Uaesp y las otras empresas de aseo, Promoambiental cambió la fórmula y de un plumazo empezó a cobrar por los kilómetros que barren y no por los usuarios de su zona. De un momento a otro, los usuarios de Usme, San Cristóbal, Candelaria, Chapinero y Usaquén, sintieron en el bolsillo, no en la calle, que los estaban barriendo de más.
El lío
Al cambiar la forma de calcular la tarifa de barrido en Bogotá, los ciudadanos pagaron más 100.000 millones de pesos, no lo notaron porque el incremento fue de 2.000 ó 3.000 pesos en el recibo de aseo. Pero al multiplicarlo por los 740.000 usuarios ubicados en esa zona, las cifras crecen como la espuma y el negocio se hace multimillonario. Todo con un cambio de fórmula considerado irregular.
La modificación en las tarifas no ocurrió de la noche a la mañana. Promoambiental, de acuerdo con la Uaesp, “barrió” con las condiciones iniciales del contrato. Lo hizo gracias a una jugada jurídica, dos laudos arbitrales: el primero lo ganó el Distrito y el segundo lo perdió ProcerAseo, empresa a cargo de procesar los datos y que fue creada por la misma Promoambiental y las otras cuatro compañías de aseo en Bogotá. En otras palabras, Promoambiental demandó a su recién nacido hijo.
El segundo laudo arbitral, que ganó Promoambiental, fue justamente lo que cambió las condiciones del contrato inicial y les permitió a las cinco empresas cobrar por kilómetros de barrido. Sin embargo, solo Promoambiental se atrevió a facturarles a sus usuarios por barrer más de la cuenta, incrementando sus ganancias en desmedro de los bolsillos de los usuarios que empezaron a sentir el golpe.
Una pelea cuyo tinglado ha sido los tribunales, y los enfrentados, abogados de mayor renombre en el país. También ha tendido varios rounds: una acción de cumplimiento, otra de nulidad del laudo, tres denuncias, dos tutelas y una acción popular.
El problema incluso llegó a la Fiscalía. Dos denuncias de las empresas afectadas advirtieron una jugada en la que Promoambiental presentó un perito en el laudo arbitral y, curiosamente, ese mismo perito fue asesor de la Alcaldía de Bogotá en la estructuración del contrato que ahora solicitó modificar.
Interventoría
El documento que conoció SEMANA advierte las consecuencias de cambiar las condiciones en el sistema de cobro por el barrido de Bogotá. La interventoría al millonario contrato de aseo en la capital hizo graves denuncias de cómo Promoambiental dice, factura y cobra, lo que no barre.
El informe se suma a una serie de observaciones que, desde 2019, un año después de firmar el contrato, hizo la misma interventoría a la Uaesp, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a Promoambiental, con el ánimo de corregir lo que parecía un error involuntario, pero que se convirtió en la nueva dinámica de cobro por kilómetros.
La interventoría identificó que Promoambiental puso en marcha y sin meta, una nueva dinámica de facturar: cobrarle a los usuarios por barrer más en la misma extensión de terreno. Se duplicó la frecuencia de barrido y hasta se incluyeron zonas que nunca estuvieron en el plan inicial. Por obvias razones los ciudadanos pagaron y pagarán más.
Un hallazgo de la interventoría, que levantará ampolla, está en el supuesto aumento en las frecuencias de barrido. Descubrieron que los ciudadanos están pagando más, cuando el operador de aseo barre menos. En los informes se evidencia cómo los auditores pasan por la mañana, de un día en el que se supone barren hasta tres veces, encuentran un papel y en la tarde, el papel sigue en el mismo sitio.
Además, en los seguimientos que hicieron, no solo la interventoría, sino la Uaesp, descubrieron que aun con el aumento de las frecuencias de barrido en la zona oriental de Bogotá, Promoambiental no contrató más personal, “ni siquiera se compraron más escobas”. Incluso, no hubo incremento en las toneladas de basura que supuestamente se recogían y debieron llegar al botadero de la ciudad. Nada cuadra, ni la recolección ni los empleados ni mejora el aseo, el único resultado es una factura más cara 740.000 usuarios.
Riesgo
La interventoría aseguró que los hallazgos son de “tal gravedad” que los dejaron en conocimiento de la Uaesp para las acciones a “seguir”. La directora de la entidad, Luz Amanda Camacho, advirtió que fue necesario acudir a una tutela para tumbar el laudo arbitral que le “permitió” a Promoambiental hacer los cobros en condiciones diferentes a las pactadas en el contrato inicial.
El problema es que las otras empresas están en riesgo de quiebra, pues Promoambiental exige un pago superior a los 160.000 millones de pesos que fueron facturados a los usuarios, pero que están congelados en una fiducia a la espera de una decisión del Consejo de Estado.
La solución tiene dos vías: los ciudadanos pagan más por cuenta del laudo arbitral o las empresas se declaran en quiebra y Bogotá tendrá que revivir el sucio momento de ver las calles atiborradas de basuras. La otra alternativa, que el Distrito espera sea la más sensata, es que la justicia falle en favor de los ciudadanos y exija a Promoambiental cumplir con las condiciones originales de la concesión. Es decir, cobrar por cantidad de usuarios y no por kilómetro barrido.
Respuesta
Desde Promoambiental, fuentes cercanas a la empresa, advirtieron que no cambiaron las reglas del contrato con el Distrito, simplemente se acogieron a un concepto que les entregó la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que coincide con ellos en la forma de cobrar el servicio de barrido, por el número de kilómetros.
Esas fuentes aseguraron a SEMANA que están exigiendo lo que conceptuó el laudo arbitral y que la disputa no es con el Distrito, ni con los usuarios, es con la empresa ProcerAseo, la encargada de sistematizar los datos de todas las empresas de la concesión. Incluso, aseguraron que esas discrepancias jurídicas derivaron en dos denuncias ante la Fiscalía, por incumplir, justamente, lo que salió del laudo.
De acuerdo con Promoambiental han sido varios los fallos de la justicia que comparten su análisis a la hora de cobrar por el servicio de barrido en la ciudad. Son “fallos en el Tribunal, en la Corte y ante los jueces”, que el Distrito y las otras empresas han perdido. Sin embargo, la pelea jurídica, dicen, desde todas las esquinas, apenas comienza, pero es claro que con la recolección de las basuras en Bogotá, algo huele mal.