La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dejó en claro que el país no entraría en un apagón para el 2023 si en caso tal el proyecto de Hidroituango no comienza a operar en lo que resta de este año.

La funcionaria hizo la aclaración luego de la advertencia que lanzó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Resulta que el pasado 24 de noviembre, la comisión quinta del Senado dio continuidad al debate de control político sobre Hidroituango. En medio de sus declaraciones, el mandatario distrital afirmó que la seguridad energética de Colombia depende de esa hidroeléctrica.

Quintero aseguró que de no entrar en funcionamiento, el país sufrirá una crisis en el 2023: “no hay energía para el próximo año”, anotó.

Pues bien, durante su participación en un evento que se llevó a cabo en Santa Marta, la jefe de la cartera de energía desmintió a Quintero y respaldó lo expuesto por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). El director de esa entidad, José Fernando Prada, y la ministra Vélez coinciden en que los datos son contundentes y demuestran que Colombia tiene energía suficiente hasta el 2025.

“De acuerdo con nuestros estudios y balances que hacemos de energía del sistema, si no entrase el proyecto, no identificamos un déficit de energía hasta antes del año 2025, obviamente esperaríamos en ese momento ya hubiera entrado el proyecto”, puntualizó Prada en días anteriores.

Desde la capital del Magdalena, Irene Vélez lanzó un llamado a “no generar esa sensación de inseguridad frente al abastecimiento de energía eléctrica”.

También agregó: “XM (la empresa operadora del Sistema Interconectado Nacional) dijo que el doctor Quintero está equivocado en esas estimaciones”.

El debate

La senadora y líder ambientalista, Isabel Cristina Zuleta López, lideró la discusión y se refirió a varias medidas judiciales relacionadas con la protección del macizo rocoso, la garantía a los derechos para líderes sociales, la no implementación del debido procedimiento de búsqueda de cuerpos en fosas comunes y el incumplimiento de medidas administrativas ambientales, que impedirían la entrada en operación de Hidroituango.

“Lo que podemos decirle al país es que la gobernación de Antioquia se ha negado a cumplir la tutela del juzgado 45 del circuito civil de Bogotá, en favor de líderes sociales del movimiento Ríos Vivos, que han sido perseguidos y estigmatizados por las autoridades. No se ha realizado la prospección subacuática para buscar los cuerpos y las fosas comunes como ordenó la JEP, y que los barequeros y pescadores de la zona han documentado”, señaló la congresista.

Según la Senadora del Pacto histórico, la presidente del movimiento Ríos Vivos, fuerte opositora de la entrada en operación de la hidroeléctrica de EPM, así como varios líderes sociales, aún reciben amenazas.

“Como Ríos Vivos, hemos documentado 268 masacres y 1.186 víctimas en la zona donde se desarrolló el Megaproyecto de Hidroituango. Estamos hablando que este proyecto se construye en una zona que ha sido fuertemente golpeada por la violencia. Para mí, para la gente de mi comunidad, para la gente de la zona, para el territorio nacional, los muertos son importantes, las vidas son importantes, y la generación de energía no puede estar por encima del territorio, y no puede implicar riesgo alguno para las comunidades”, dijo Zuleta López.

Por su parte, el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, expresó: “Esta administración no construyó Hidroituango, ni tomó las decisiones de dónde construir el proyecto; tampoco tomó la decisión de bajar la calidad en los materiales del túnel de desviación, de saltar las licencias ambientales… Esta es la administración que denunció lo que estaba pasando en Hidroituango… Esta es la administración que ha invertido 5 billones de pesos para recuperar este proyecto, para hacerlo seguro y garantizar las vidas de las poblaciones aguas abajo”.

El mandatario medellinense señaló que la entrada en funcionamiento del proyecto hídrico protege la vida de las comunidades. La operación de las dos primeras turbinas significa que 30 millones de toneladas de agua dejarían de presionar el vertedero, que hoy en día es el mayor riesgo en Hidroituango.

En el mismo sentido, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, resaltó la importancia de hacer efectivo los seguros del Proyecto hidroeléctrico: “Debemos trabajar todos en dos direcciones. 1) El cobro de los seguros de Hidroituango; para eso uno contrata unos seguros, para cobrarlos cuando se produzca un siniestro, y lo que pasó en la represa fue un siniestro. 2) Pongamos a funcionar Hidroituango; la mejor manera de disminuir riesgo es poner en funcionamiento la hidroeléctrica. El mayor riesgo que hay es tener el vertedero al 100 %, sin posibilidad de revisarlo o hacerle mantenimiento”.

Durante la sesión, la mesa directiva le otorgó la palabra a la actual presidente del movimiento Ríos vivos, Milena Flores, quien hizo varios cuestionamientos a EPM: “Nosotros, las víctimas, no conocemos si hay estudios reales para que entre en operación Hidroituango. Por favor, que nos muestren los estudios ¿Por qué cambiaron los materiales y pusieron en riesgo la vida de los habitantes aguas abajo y aguas arriba? Los invito a todos Ustedes, senadores, a que visiten Puerto Valdivia e Ituango, para que conozcan por qué las víctimas viven angustiadas”.