El dolor de cabeza para el Gobierno nacional y la fuerza pública en que se está convirtiendo la zona de frontera entre Colombia y Venezuela se está extendiendo más de lo normal.

Aunque se creía que con el restablecimiento de las relaciones entre los dos países la economía colombiana iba a mejorar en la frontera, lo cierto es que esto no sucedió como se tenía planeado. El desorden que se consolidó durante los últimos años tras el quiebre de los lazos diplomáticos sigue generando millonarias pérdidas económicas para las dos naciones.

La situación es tan compleja que el presidente Gustavo Petro ordenó a la fuerza pública que debía, sí o sí, cerrar esos caminos ilegales. SEMANA consultó fuentes de las Fuerzas Militares y de Policía, que señalaron que cumplir esa orden era casi imposible.

Aseguraron que son más de 40 caminos ilegales los que se han identificado, por donde pasa toda clase de mercancía y negocios criminales. “Para cumplir la orden del señor presidente, tendríamos que destinar prácticamente todas nuestras unidades que están en los departamentos fronterizos para taponar los caminos y dejar de hacer operaciones”, le dijo a SEMANA un alto oficial de la fuerza pública que pidió reserva de su identidad.

Sobre esto dijo el director de la Policía, el general Henry Sanabria, que se tienen identificados 42 pasos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela.

“Hemos tenido reuniones con Migración Colombia, con el Ministerio de Comercio Exterior, con la Policía Fiscal y Aduanera, es un esfuerzo interinstitucional con las Fuerzas Militares y tendremos la necesidad de ubicarnos en puntos estratégicos las 24 horas del día, ya se han realizado actividades previas a efectos de dar cumplimiento a esa orden”.

Así mismo indicó que “Hay 42 pasos informales, varios de ellos se mueven vehículos de carga, camiones grandes, el invierno han impedido el paso de estos vehículos, pero lo que se busca es cumplir las órdenes del presidente de la República”.

Y es que para no ir tan lejos sobre la difícil labor que tiene la fuerza pública para cumplir la orden del presidente Petro, basta con escuchar las recientes declaraciones del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien reconoció que se encontró que militares colombianos y venezolanos estaban inmersos en actos de corrupción en la zona de frontera.

Dijo que había uniformados cobrando dinero para dejar transitar por las trochas ilegales. “Uniformados colombianos y uniformados venezolanos que cobran por el paso”, dijo el ministro Velásquez.

Añadió que sobre los pasos ilegales ya se está trabajando en estrategias conjuntas con la fuerza pública de los dos países. “Desde hace ya varias semanas habíamos dispuesto para una atención en el uso de esos caminos ilegales, porque había sido una preocupación expresada por el ministro de Comercio casi a las dos semanas de haberse reabierto la frontera”, señaló Velásquez.

Agregó: “Entonces estamos en la consideración sobre qué medidas adicionales pueden ser necesarias, de un lado el control sobre los miembros de fuerza pública que prestan el servicio en la frontera”.

El acelerador para frenar la criminalidad en la frontera fue a fondo luego de la reunión que sostuvieron los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro en el vecino país, en la que el jefe de Estado colombiano denunció que la frontera había quedado en manos de la mafia.

“La frontera quedó en manos de las mafias, organizaciones cuya jefatura es multinacional, expresión de un fracaso de la guerra contra las drogas, la cual ha dejado un millón de muertos y rutas de tráfico. Vamos a reconstruir relaciones a nivel de inteligencia”, sostuvo Petro en esta comparecencia ante la prensa.

Expertos en temas de seguridad han señalado en reiteradas ocasiones que por la frontera se mueve todo tipo de delincuencia, desde narcotráfico, tráfico de armas, manejo de migrantes irregulares, contrabando, tráfico de hidrocarburos, entre otras rentas ilegales que mueven miles de millones de pesos a diario.