La mayoría de los colombianos ni se enteraron que en la madrugada del viernes santo pasado una reliquia histórica fue consumida por las llamas. Era una capilla construida hace 300 años que cuidaban como un tesoro los habitantes de San Andrés de Pisimbalá, en Inzá, municipio del oriente de Cauca. “La quemaron manos criminales”, aseguraron a SEMANA varios vecinos, que pidieron omitir sus nombres porque desde hace dos años se desató en ese caserío una puja a muerte entre indígenas y campesinos. Si lo que los vecinos dicen es cierto, este sería uno más de los terribles episodios de una nueva guerra que se está dando en Cauca. Ya no se trata solo de los tradicionales enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. El Cauca se ha convertido en el escenario de una silenciosa batalla entre comunidades indígenas, afros y campesinas. Todo por el control de la tierra. El problema es sencillo, pero trágico. Lo que fue una encomiable iniciativa de la Constitución de 1991, darles a las minorías étnicas autonomía territorial, ha provocado en el Cauca choques violentos, pues en muchos casos los predios de unas comunidades se cruzan con las de otras. Por cuenta de esas diferencias, la región ya suma tres muertos, decenas de heridos y varios momentos de tensión. Y la situación cobra relevancia en momentos en que en La Habana el gobierno discute con las Farc un modelo agrícola muy similar al de las comunidades de Cauca. Hace poco trascendió que las Farc propusieron en la mesa de diálogo que las Zonas de Reserva Campesina –creadas en 1994– tuvieran la misma autonomía territorial de los Resguardos Indígenas y de los Consejos Comunitarios. En el país ya existen 709 resguardos y 181 consejos. Entre ambos suman 36 millones de hectáreas con autonomía. Las Farc hablaron de la creación de 50 reservas campesinas, con autonomía, en otros 9 millones de hectáreas. Es decir, de llegarse a un acuerdo sobre ese punto, poco menos de la mitad del país se regiría por autonomía territorial. Pero según han dicho delegados del gobierno no va a ser así. Sin embargo, y volviendo al Cauca, preocupa que se están presentando brotes de violencia por un modelo agrícola que parecía inventado y ajeno de problemas. En esa zona viven 1,4 millones de personas, 43 por ciento de los cuales son indígenas y afros que ocupan 115 resguardos y 34 consejos respectivamente. Allí se proponen crear 15 reservas campesinas. El incendio de la iglesia de Inzá no ha sido el único caso de violencia. En diciembre de 2010 el país vio las imágenes de sangre y destrucción, que dejaron varios indígenas luego de irrumpir en la casa de la cultura del corregimiento donde se realizaba una verbena popular y con machete en mano atacaron a los asistentes y destruyeron el mobiliario. El saldo fue de 20 heridos, varios de ellos perdieron sus extremidades. Ese mismo año ya habían ocurrido otros dos enfrentamientos que dejaron un muerto, varios lesionados y familias desplazadas. En su momento la excusa de los choques era por el manejo de un colegio. Hoy que el plantel está en manos de la comunidad indígena, los estudiantes mestizos y de otras etnias reciben clases apiñados en salones improvisados en casas vecinas. Pero las tensiones siguen y se cree que lo del incendio está relacionado con la histórica pelea entre los indígenas nasa y campesinos. El meollo del asunto se debe a que el corregimiento fue levantado en medio de un territorio sagrado de los nasa y estos pidieron la declaratoria de resguardo. De hecho, la titulación colectiva de esas tierras (cerca de 4.360 hectáreas) está próxima a salir, “una vez tengamos los títulos se tienen que ir o vivir bajo nuestra autonomía”, explicó Óscar Lis, gobernador indígena de San Andrés de Pisimbalá. Pero desde la otra orilla, los campesinos creen que ellos también tienen derecho a disfrutar del territorio que junto a los nasa cultivaron. “A la fuerza no vamos a salir”, argumentó Gerardo Arias, presidente de la Asociación Campesina de Inzá. Son 300 familias campesinas y 1.119 familias indígenas. Un lío similar ocurre al otro extremo del departamento, en el municipio de Buenos Aires.Lo irónico es que allí el problema fue creado por el propio gobierno, cuando en 2007 tituló 517 hectáreas para un resguardo indígena en un predio conocido como San Rafael. El problema es que ese predio está en medio de otro terreno que integra el consejo comunitario San Juan de Garrapatero, que ancestralmente les pertenece a comunidades afrocolombianas del norte de Cauca. Con ese predio, el entonces ministro del Interior Carlos Holguín pretendía cumplir parte de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó reparar con 15.600 hectáreas de tierra al pueblo nasa, afectado por la masacre del Nilo en 1991. “Ahora lo que pedimos es que el gobierno nos compre esa finca para que se la entregue a los afrocolombianos y con esa misma plata adquiera otro predio de similar extensión en otra zona”, explicó Ernesto Cunda, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin). El pleito empeoró y pasó de la cordialidad a la violencia. En mayo de 2011 decenas de afros e indígenas se enfrentaron con palos y machetes por una vaca que era del Consejo, pero que sacrificaron en el resguardo porque invadió sus predios. El saldo fue de un muerto y 15 heridos. Seis meses después, en noviembre, encapuchados ingresaron a la finca en disputa y secuestraron y asesinaron al administrador, el comunero indígena Luis Heber Casamachín Yule. La situación en ese predio es tan difícil, que los indígenas que tanto se oponen a la presencia militar en sus territorios, estudian pedirle a la fuerza pública que se instale en esa zona para proteger a las 20 familias que viven en el resguardo. Lo que pase con esas comunidades y la forma como se resuelvan los conflictos entre ellos, servirá para que el gobierno tome atenta nota y lo discuta en La Habana.