En una carta dirigida a António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas, los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia denunciaron el incumplimiento del Gobierno con los compromisos internacionales en materia ambiental. Se refieren al proyecto de ley de Escazú que se hundió en el Congreso, pese a que Iván Duque hasta hace unos meses había mostrado interés y compromiso de aprobarlo.
En la misiva, explican que Colombia es uno de los países con mayores cifras de deforestación en el mundo, “ubicándose en el deshonroso sexto lugar de los países que más bosques primarios perdieron durante 2020”. A esto- afirmaron los congresistas- se suma el estado de los ecosistemas marinos y manglares, y el bajo cumplimiento de la normatividad ambiental de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
Relataron que el 11 de diciembre de 2019, ante la presión social y movilización ciudadana, el presidente Iván Duque decidió firmar el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Iván Duque- informaron- insistió públicamente en la importancia que tiene para el país el Acuerdo de Escazú como instrumento internacional para fortalecer la democracia ambiental y la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Y más tras conocerse que Colombia es el país con más líderes ambientales asesinados (64) en 2019, según la ONG británica Global Witness.
No obstante, contrario a los compromisos adquiridos por parte del Gobierno, el acuerdo- dicen los opositores- fue archivado en el Congreso. “Lo archivaron a partir de estrategias dilatorias que lideró el partido político del propio presidente, y sin que el Gobierno adoptara las medidas que la ley colombiana le permite garantizar el adecuado trámite parlamentario de esta iniciativa”.
Le relacionaron a la Organización de las Naciones Unidas detalles del tránsito y los obstáculos que enfrentó la Ley durante su trámite legislativo y concluyeron que teniendo las posibilidades y facultades legales y materiales para incluir el Acuerdo de Escazú dentro de las sesiones extraordinarias, “el Gobierno hizo caso omiso al llamado del legislativo y optó por permitir que la iniciativa fuera archivada sin que se pudiera dar el primer debate correspondiente”.
Por esto, según Cepeda, Sanguino y Valencia, la no ratificación del Acuerdo de Escazú no se puede endilgar a falta de tiempo o responsabilidad exclusiva del legislativo, como lo han declarado los representantes de Centro Democrático. “Congresistas del partido de gobierno lideraron estrategias de dilación y obstaculización del debate, acciones que fueron observadas con total pasividad por parte del Ejecutivo”.
“Lo que hemos detallado contrasta con el discurso del presidente Iván Duque en la asamblea general de las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2020, en la que habló sobre el cuidado y defensa de la Amazonía, los páramos y bosques del país. Con las recientes actuaciones una vez más se demuestran las contradicciones entre el discurso del Gobierno ante la comunidad internacional y las acciones materiales que adopta en Colombia”, se lee en el documento.
También se refieren a la aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos por parte del Gobierno, “pese a los riesgos ya demostrados de esta práctica para los derechos humanos y el medio ambiente”.
Al final de la carta, dicen que deciden poner a consideración de la secretaría General de las Naciones Unidas estos hechos para que se evalúen las acciones y llamados que se deban adoptar hacia el Estado colombiano, principalmente hacia el presidente Duque y el Centro Democrático, “por ser los principales responsables de obstaculizar la ratificación de tan importante acuerdo en el Congreso”.