El fiscal Francisco Barbosa lo afirmó de forma contundente esta semana: “Esta es la parajusticia”. Los hechos que presentaba al país eran estremecedores. Él mismo los calificó como “grotescos” y aseguró que recordaban los tiempos de la temible Gestapo. El jefe del ente acusador explicó sus palabras.
“En Colombia se había hablado mucho de paramilitarismo, bueno, bienvenidos a la parajusticia. La parajusticia en Colombia es esto, es abrirle un boquete a la justicia”.
Barbosa enumeró, entonces, los sucesos que originan este calificativo: “Saltarse los mecanismos legales, utilizar un informe de policía judicial falso, decir que además hay verificación de la fuente, convertir a dos ciudadanas, que tienen derecho a la presunción de inocencia, en alias la Cocinera y alias la Madrina para interceptarlas ilegalmente y posteriormente llevarlas al Palacio de Nariño o al edificio Galán del Palacio de Nariño, escuchándolas ya en una sala de la Policía Nacional para interrogarlas sin apoderado judicial”.
Y no dudó en calificarlo duramente así: “Este es el asunto más grave que se ha producido en los últimos años en Colombia, el más grave que se ha producido contra los derechos humanos, contra la justicia en Colombia, y todos los responsables tienen que responder por este hecho tan grave”.
El país tuvo entonces un déjà vu. La parapolítica es quizás uno de los capítulos más amargos de la historia del país. Muchos aún recuerdan cuando Salvatore Mancuso se jactaba de que las autodefensas controlaban el 35 por ciento del Congreso. Esa estructura criminal logró cooptar muchas instituciones del Estado, entre ellas al DAS. Desde esa entidad, adscrita a la Presidencia y encargada en su momento de la inteligencia del Estado, se chuzó a decenas de personas, en su mayoría opositoras al Gobierno. Magistrados, periodistas, líderes políticos formaron parte de las víctimas de este entramado.
Por cuenta de este escándalo, revelado en su mayoría por SEMANA, el DAS tuvo que ser cerrado y altos funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe fueron condenados penalmente. El fiscal, en su rueda de prensa, sacó a relucir este oprobioso pasado. “Recuerden ustedes las chuzadas, recuerden ustedes los diferentes casos que se han venido presentando. Se utilizan abonados telefónicos, se meten en otra investigación, se escuchan”.
Barbosa dijo que este episodio pone a la nación “en las épocas más negras, más oscuras de la historia judicial del país… Esto ya lo vivió Colombia, aquí hubo espionaje a los magistrados de la Corte Suprema, aquí hubo interceptaciones ilegales, aquí hubo prácticas de este nivel”. Pero aclaró que es la primera vez que se utiliza el poder estatal para acusar a dos mujeres humildes de pertenecer a una estructura criminal con el fin de chuzarlas y resolver un robo doméstico.
Sobre este tema, la periodista María Isabel Rueda, en su espacio en SEMANA, contó un hecho llamativo. En las chuzadas a las dos empleadas de Sarabia, hicieron uso de “una táctica que ya se había utilizado contra el presidente Álvaro Uribe: meterlas en una lista de personas ya investigadas.
En el caso de las empleadas, por actividades dizque del Clan del Golfo y, en el caso de Uribe, por las actuaciones ilegales, aparentemente, que adelantaba un congresista de nombre Nilton Córdoba”. Irónicamente, uno de los congresistas que lideró esos debates contra las chuzadas ilegales fue el hoy presidente Gustavo Petro. El escándalo que vive el Gobierno toca sus fibras más sensibles. El mismo presidente lo dijo en su declaración este viernes durante la ceremonia de ascenso a subtenientes.
“Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este Gobierno va a repetir las suciedades que otros Gobiernos hicieron, aquí no venimos a eso... Aquí no vinimos a hacer las mismas porquerías de otros Gobiernos”, reiteró. La excandidata Ingrid Betancourt resumió la incongruencia que vive el presidente con una frase: “El cambio fue pasar de las chuzadas del DAS a las de la Dijín”.