Desde mucho antes que se firmara el acuerdo de paz, observadores del conflicto en Colombia advertían que uno de los mayores retos que tendría su implementación sería que la fuerza pública pudiera tomar el control de los espacios en donde en el pasado operaron las FARC. Varios casos de procesos de paz en el mundo indican que después de la firma de acuerdos de paz, suele incluso aumentar la violencia en determinadas zonas, por la llegada de nuevos actores que buscan ocupar el espacio de quienes dejaron las armas. Ese temor parece estarse confirmando, según lo que muestra un informe de la Fundación Ideas para la Paz. También puede leer: El camino por donde se perdían los recursos del posconflicto De acuerdo con este estudio, que denomina la actual situación de los territorios como la paz incompleta, en los municipios en donde opera el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, es decir, en donde se está llevando a cabo la implementación del acuerdo de paz, aumentaron en 28% las muertes violentas entre enero y julio de este año, en comparación con el mismo periodo del 2017. Así mismo, se triplicaron los casos de desplazamiento forzado, que pasaron de 5.248 a 16.997 y crecieron de igual forma los crímenes contra líderes sociales, que pasaron de 24 a 67. “De una sensación de tranquilidad y expectativa por los réditos que traería la implementación de lo acordado con las FARC, se ha pasado a un sentimiento de desconfianza y temor por la reactivación de la violencia”, manifiesta el informe.
El estudio se basó en cuatro regiones específicas, caracterizadas, entre otras razones, por haber tenido presencia de las Farc, por su importancia estratégica como corredores de economías ilegales, por la presencia del ELN: Arauca, el Catatumbo, sur de Bolívar y Cauca. En contexto: La díficil tarea de cumplir con el posconflicto En estas áreas, después de realizar cerca de 200 entrevistas con actores claves de la zona, se encontró que se estaba presentando un recrudecimiento del conflicto: por ejemplo, en Arauca, el ELN se ha consolidado en zonas que en el pasado estuvieron bajo el control de las FARC y ha entrado en enfrentamientos con una pequeña disidencia de ese grupo, que ha ido creciendo paulatinamente; en el Catatumbo, el EPL se ha ido reconfigurando y ha tenido una especie de relevo generacional, después de que su líder, alias Megateo, murió en combate. “Entre el año pasado y este ha habido un deterioro de las condiciones de seguridad y eso lo muestran las cifras. Deterioro explicado porque en 2018 hay activación de disputas en varias zonas. Entonces, usted se encuentra con una disputa entre el ELN y disidencias en Arauca, entre el EPL y el ELN en Catatumbo, una disputa interna entre autodefensas gaitanistas con los caparrapos, etc”, explica Juan Carlos Garzón, investigador que lideró el informe. Otro de los hallazgos del estudio es que la situación de los líderes sociales, cuya situación se ha hecho mucho más crítica este año, está estrechamente ligada con el recrudecimiento del conflicto. “Cuando uno empieza a cruzar el tema de liderazgo con afectaciones a personas que están en proceso de reincorporación, con el tema de desplazamiento, con el tema de ascenso en los homicidios, cuando uno mira el territorio en su conjunto, en realidad se da cuenta de que sí hay un deterioro en las condiciones de seguridad, que ayuda a entender el tema de los liderazgos”, señala Garzón. En contexto: El plan para refundar las Farc Y agrega: “para controlar el territorio yo tengo que controlar poblaciones y el control de las poblaciones pasa también por la relación que yo tengo con esos liderazgos. Los grupos armados de distinta naturaleza han apuntado a los lideres locales en su objetivo de tener presencia en el territorio”. Según el informe de la FIP, entre enero y agosto fueron asesinados 93 líderes, frente a 50 de 2017, aunque la misma organización reconoce que hay un subregistro. Según la organización Somos Defensores, solo hasta junio se habían reportado 77 homicidios y se calcula que entre esa fecha y finales de septiembre se registraron entre 45 y 50 casos más. Codhes, por su parte, reportó 110 líderes asesinados hasta septiembre pasado. Advierte el informe de la FIP que deben tomarse medidas urgentes para evitar que la situación de seguridad en los territorios del posconflicto se siga deteriorando. “Bajo estas condiciones, la implementación de los Acuerdos de Paz se encuentra en un momento crítico. Estamos a tiempo de prevenir y contener las manifestaciones de violencia e intimidación en los territorios impactados por la presencia de grupos armados ilegales y la confrontación armada”, señala. Y entre otras, propone retomar algunas sobre las que ya ha habido consenso sobre su necesidad, como crear mecanismos efectivos para responder a las amenazas contra las víctimas, enfrentar la estigmatización de líderes sociales e implementar medidas colectivas de protección “El Gobierno debe tomar decisiones urgentes sobre aspectos claves de la implementación, dando certezas y un horizonte de futuro a las comunidades, los líderes y los excombatientes”, concluye.