Este miércoles, después de una intensa discusión, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de reforma a la Ley de orden público, mejor conocida como la piedra angular de la paz total de este nuevo gobierno. Aunque hay factores que traen beneficios para la ciudadanía, hay otros que generan preocupación.

Adiós al servicio militar obligatorio

Según indica el texto de la iniciativa, el joven mayor de 18 años tendrá la posibilidad de escoger entre prestar servicio militar o servicio social para la paz, que tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar, y podrá prestarse en algunas las siguientes modalidades:

1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.

2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.

3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.

4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.

5. Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

6. Servicio social para promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas.

Sin embargo, aunque es una buena noticia para los jóvenes que no quieren ingresar a las filas militares, si llama la atención que podría haber una disminución sustancial en la fuerza pública. “Estarían descontando casi el 30 % del pie de fuerza del Ejército Nacional, en unas circunstancias del país muy violentas y complicadas en seguridad”, aseguró el coronel en retiro y presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), John Marulanda.

Disidentes de las Farc entrarían en la paz total

Humberto de la Calle fue el gran derrotado por las mayorías en el Senado, ya que fue el que pidió dejar por fuera de todo beneficio de paz a quienes abandonaron el Acuerdo de La Habana, en especial a Iván Márquez, por considerar que perdió la oportunidad que le dio la sociedad. “Esto no es un tema personal, el mensaje me parece inadecuado porque es darle una oportunidad a quienes traicionaron el Acuerdo de Paz. Yo creo que es incorrecto el mensaje para el ELN, pero fui derrotado y le deseo suerte al Gobierno con este asunto”.

Agregó que “quién garantiza que el señor Iván Márquez sí va a cumplir. Fue una discusión democrática y ganó la mayoría. El Gobierno dice que no se renegociará el Acuerdo de Paz, que buscará una fórmula para que se reintegren a lo pactado así que habrá que esperar”.

Como esa proposición fue derrotada, quedó claro que el gobierno del presidente Gustavo Petro podrá buscar una negociación con los integrantes de la Segunda Marquetalia que dirige Iván Márquez. Sobre ese punto el ministro del Interior Alfonso Prada, indicó que “queda habilitada la posibilidad de comenzar un proceso de diálogo, será el Comisionado de Paz el que defina las condiciones en que se negociará con cada uno de los actores”.

Más impuestos para implementar la paz total

Otra polémica se desató por cuenta del artículo 12 de la iniciativa, que señala que los departamentos podrían imponer un “impuesto de seguridad y convivencia ciudadana” y los municipios una “sobretasa al impuesto predial”.

“Los departamentos podrán, a través de las Asambleas Departamentales, adoptar el impuesto departamental de seguridad y convivencia ciudadana. El hecho generador es el beneficio por la mejora en las condiciones de seguridad y convivencia del territorio y se cobrará como conexo al servicio público domiciliario que defina la correspondiente Asamblea Departamental, así como los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas que serán establecidas por estas corporaciones públicas territoriales. Los recursos recaudados por este tributo serán invertidos a través de los fondos - cuenta territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, señala la iniciativa.

Pero el tema va incluso más allá, pues el texto señala que “este artículo (el de los nuevos impuestos) no estará sometido a la vigencia de la prórroga establecida mediante la presente ley, sino que será de carácter permanente”.

El hecho fue puesto en evidencia por el representante de La U, Víctor Salcedo, quien señaló que no apoyará esta disposición, no solo porque se le imponen nuevas cargas al ciudadano, sino porque mientras en el Presupuesto General de la Nación para 2023 se le quitan recursos significativamente al sector defensa, “se quieren crear nuevos impuestos para condiciones de seguridad y convivencia”.