“Han mejorado las entradas en el gravamen a la explotación aurífera”, escribió el hoy jefe de las Farc, Rodrigo Hernández, el 25 de abril de 2010 en un correo a sus hombres. “Se ha retomado la experiencia en la explotación en minas con buenos resultados hasta el momento. En la Gerardo Guevara se ha centrado la actividad en la aplicación de la política tributaria a las explotaciones”.Según la Policía, este mensaje y otros documentos que encontró en una operación contra el Bloque del Magdalena Medio de esa guerrilla, indican que meses atrás los cabecillas le habían encargado a Zabala –cuyo nombre real era José Alfredo Portela– y a los 42 hombres bajo su mando en la compañía Guevara, convertir el negocio de la explotación de oro en una importante fuente de ingresos. Como si se tratara de un gerente al que le acaban de encargar un nuevo negocio para su empresa, lo primero que hizo Zabala fue estudiar el mercado. Los documentos revelan que realizó un inventario de minas, mineros, maquinarias, insumos y combustibles en toda el área de influencia del bloque. No tardó en darse cuenta de que la zona más promisoria para la extorsión era la rica cuenca del río Nechí, al occidente del Magdalena Medio, sobre todo en los municipios de Zaragoza y El Bagre, con medio centenar de puntos de producción de oro. Asegura la Policía que no se debió contentar con la información que recogió entre los mineros porque, según se deduce de los documentos que le incautaron, disfrazó a algunos de sus hombres de barequeros y sacó cuentas precisas de cuántos castellanos –la medida de tiempos coloniales que equivale a 4,6 gramos por unidad– obtenía en promedio una persona removiendo la arena del río con su batea de sol a sombra.Después empezó a cobrar a todo el mundo su tajada: por ingresar una retroexcavadora, 7 millones de pesos; por operarla, 2 millones mensuales; 16 millones por permitir montar un nuevo entable, y uno de cada cinco castellanos que produjera cada entable a la semana; 20.000 pesos por galón de gasolina; y a los barqueros cinco gramos de cada 100 que sacaran. Según la contabilidad de Zabala, solamente los pagos extorsivos por 58 dragas le representaron a las Farc 1.393 millones de pesos en 2012.Por la información que recogió después la inteligencia policial, todos los meses Zabala iba por las veredas cobrando, y en su morral llevaba una pesa para calcular la ‘vacuna’ en oro que varias de sus víctimas pagaban. Sus hombres voceaban, fusil en mano, que era el día de la expoliación y la gente, mansa, hacía fila durante todo el día. Sabían que al que no pagara lo sacaban de la zona. Pero en 2012, a Zabala se le abrieron las agallas y comenzó a matar a dueños de minas y de terrenos auríferos para quedarse con sus tesoros. La gente se cansó del abuso y lo denunciaron. La Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) envió a un agente a la zona, quién durante meses asumió el papel de comerciante de oro. Como los demás, el agente infiltrado tuvo que acudir a las reuniones donde Zabala ejercía su chantaje. Fue él quien completó el panorama de la depredación criminal de la minería de oro en esa región que los documentos hallados en 2010 habían comenzado a dibujar. Cada grupo armado tiene su zona: las bandas criminales –principalmente Urabeños– saquean Caucasia y parte del Bajo Cauca; el frente Darío Ramírez del ELN extorsiona en el sur de Bolívar; y las Farc, en El Bagre y Zaragoza.“Tener claro que en el negocio del oro no hay amigos”, decía uno de 17 puntos de un documento del ELN en el que el Comando Central de esa organización le daba pautas a sus hombres sobre cómo moverse en el mundo minero (ver imágenes). Esta orden fue encontrada por las autoridades luego de un bombardeo en mayo pasado a un campamento. Allí también hallaron un acta que cuenta de una reunión con representantes de una multinacional para definir qué ‘impuesto’ debía pagar: “Ofrecen 5.600 millones, pero se les hizo una contrapropuesta de 10.000 y están estudiando la propuesta” (ver imágenes).Así que mientras el ELN chantajeaba multinacionales, Zabala seguía con su saqueo, sin saber que la Policía le seguía los pasos. El 5 de marzo pasado, sus hombres citaron al agente de la Dipol que posaba de comerciante para que fuera a la vereda Amagá, cerca de Zaragoza a pagar su cuota. Cinco días después, a las 11:15 de la mañana, Zabala y su segundo al mando estaban por entrar al lugar de la cita, cuando en vez del supuesto comerciante les aparecieron ocho agentes. Se armó la balacera y Zabala cayó. Los mineros de la región podrán trabajar por un tiempo más tranquilos.