Un equipo de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales se tomó las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras -ANT para dar con las irregularidades que se estarían presentando en uno de los programas bandera del presidente Petro, la compra de predios para campesinos a través de la reforma agraria.

El objetivo de la inspección, que realizó en las últimas horas funcionarios del ente de control, es vigilar de manera detallada los contratos que ha adjudicado la ANT para comprar dichas tierras y que, hasta el momento, se ha ejecutado a paso de tortuga.

La diligencia se dio después de que el pasado 31 de octubre de 2023, se conociera que del billón de pesos que se asignó para ese programa solo se había ejecutado el 17% de ese presupuesto y no el 51% de los recursos como fue reportado por el gobierno nacional.

“Se identificaron traslados al “Fondo Colombia en Paz” por $ 430 mil millones, es decir del 34 % del presupuesto, que a pesar de que aparecen como ejecutados, están consignados en una fiducia”, indicó la Procuraduría a través de un comunicado.

Pero además de esos contratos para comprar predios, el Ministerio Público también le sigue la pista al convenio por $15 mil millones que firmó el año pasado la Agencia Nacional de Tierras y RTVC Sistema de Medios Públicos, el cual habría sido usado para la compra de elementos usados durante las marchas que se hicieron a favor del gobierno Petro.

En el pasado mes de septiembre la procuradora Margarita Cabello aseguró que con ese contrato se trata “de verificar son las denuncias planteadas, y las denuncias hacen referencia a la utilización de esa contratación con un objeto no adecuado al objeto esencial de RTVC, como es lo relacionado con medios televisivos o medios audiovisuales”.

En la inspección que realizó la Procuraduría a la Agencia Nacional de Tierras se revisó los análisis de condiciones estructurales y jurídicas en las que se ha ejecutado el proceso de compra, los procedimientos de avalúo y determinar si las decisiones de adquisición se realizaron cumpliendo la regulación del programa para comprar tierras que serán entregadas a campesinos a través de la reforma agraria.

“Adicionalmente, se requirió información sobre las actuaciones precontractuales de los terrenos baldíos de Islas del Rosario, teniendo en cuenta que la ANT no ha atendido los requerimientos de la Procuraduría, por lo que revisó los expedientes y actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de adquisición de predios en el periodo comprendido entre enero de 2023 y hasta la fecha” detalla el pronunciamiento del ente de control.

Las irregularidades en este programa han alcanzado a tal punto que el exdirector de la Agencia, Gerardo Vega, también está investigado disciplinariamente por los sobrecostos que se habrían presentado en la compra de un terreno en Chimichagua, César. Las versiones preliminares sobre este caso indican que el inmueble se adquirió con un costo que excede el 70% de su avalúo real.

Hace tan solo unos días, el director de la entidad Vega en diálogo con SEMANA denunció en sus redes sociales que hay una campaña desde el Ministerio de Agricultura para desprestigiar su trabajo mediante falsas acusaciones que buscan llevarlo a la cárcel y hasta acabarlo políticamente.

El exfuncionario del gobierno Petro escribió que “Minagricultura suelta falsas acusaciones contra reforma agraria, calumnian y calumnian. Me quieren en la cárcel, intentan matarme políticamente, lo que sigue es el asesinato físico”.