Ante los miles de videos que han circulado por internet en los últimos días, en los que se ve un exceso de fuerza por parte de las autoridades, la Policía Nacional anunció que ya se adelantan 47 investigaciones al interior de la institución por estos hechos.
El general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional, aclaró esta semana que nadie ha dado la orden de disparar y usar armas a los uniformados y que por eso cada caso será investigado de manera responsable, determinando causas de tiempo, modo y lugar en el que sus hombres habrían usado sus armas de dotación.
“Llevamos un proceso serio de organización de la información para llevar a la justicia a los determinadores y a los financiadores, 579 uniformados lesionados, uno muerto, 306 personas lesionadas civiles, pero seguimos verificando datos”, aseguró el general Vargas el pasado martes.
También aclaró que sus instrucciones han sido brindar absoluta transparencia y respetar la dignidad humana. Así mismo, que la Fiscalía investigará los hechos que se han presentado en diferentes partes del país.
Debido a las imágenes que se han conocido, diferentes organizaciones internacionales le han pedido al Gobierno del presidente Iván Duque revisar la forma en la que el Estado está enfrentando las protestas que se desarrollan en el país desde el pasado 28 de abril.
El pasado miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos llamó a la fuerza pública colombiana a la moderación y condenó el vandalismo en medio de la situación de crisis social, económica y política actual que atraviesa el país en medio de una ola de protestas.
“Estados Unidos está sumamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en toda Colombia en los últimos días”, dijo Jalina Porter, portavoz adjunta de esa oficina. Además, envió condolencias a familiares y amigos de las personas que han fallecido.
Porter también rechazó los hechos vandálicos. “En todo el mundo, los ciudadanos en países democráticos tienen el incuestionable derecho a protestar pacíficamente. La violencia y el vandalismo son un abuso de ese derecho”, aseguró la vocera del Departamento de Estado.
“Al mismo tiempo, instamos a la máxima moderación por parte de la fuerza pública para evitar más pérdidas de vidas”, señaló la comunicación de la funcionaria.
Informes de diferentes entidades, como Human Right Watch (HRW), han informado de decenas de muertes y lesiones a manifestantes, a causa del exceso de fuerza por parte de los uniformados, una actitud que también han rechazo la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional y el Congreso de los Estados Unidos, entre otras.
Human Rights Watch confirmó hasta el jueves la muerte de 11 personas en medio de las protestas, de los cuales 10 son civiles y el restante es un policía, aunque advierte que tiene denuncias de al menos 30 decesos, que aún están en proceso de verificación.
Cifras de otras organizaciones, como la ONG Temblores, reportan 37 fallecidos y 831 detenciones arbitrarias, mientras que la Defensoría del Pueblo había documentado hasta el 5 de mayo 24 fallecimientos en el marco del paro nacional.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a Colombia respetar los derechos humanos, así como que se garantice el derecho a la protesta pacífica en el marco del paro nacional que se realiza desde el pasado 28 de abril.
Con relación a las marchas en la última semana en varias ciudades del país, en donde se han reportado muertes, violencia y el uso desproporcionado de la fuerza, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia hizo un llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta.
Además, insiste en que toda acción de la fuerza pública debe garantizar protección y el respeto por los derechos humanos.
“El Acuerdo de Paz firmado en 2016 ofrece elementos para reglamentar estas garantías y fortalecer la participación ciudadana”, explicó la ONU.
Así mismo, la entidad resaltó la importancia de que las protestas se realicen de manera pacífica y condena cualquier tipo de acción violenta, incluida la violencia sexual, actos contra la infraestructura y todos aquellos que vulneren los derechos humanos.