La Comisión de la Verdad, así como el Ministerio de Defensa y la Policía, tienen serias preocupaciones por la posibilidad de una fuga de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo, escenario en el que la Comisión se quedaría sin el relato de uno de los hombres que conoce mejor el detalle y los secretos de temas álgidos de la guerra: como la alianza entre fuerza pública y paramilitares o guerrilla.
En una nueva carta, firmada por asesores de la Comisión de la Verdad y dirigida al presidente Iván Duque, se deja de presente que “las autoridades policiales deben tomar medidas para evitar una eventual fuga del señor Úsuga”.
Los firmantes señalan que la ley en Colombia es clara al señalar que “es deber de todas las autoridades prestar colaboración a la Comisión para el cumplimiento de sus objetivos, mandato y funciones, lo cual incluye la posibilidad de escuchar Consejo Asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. en privacidad las declaraciones de quienes desean aportar verdad a la CEV y al país”.
Y por eso llaman la atención a Duque sobre un tema clave: “Es pues deber de la Policía, que usted tiene la responsabilidad constitucional de dirigir armonizar las medidas de seguridad frente al señor Úsuga con el deber constitucional de permitir que la CEV pueda entrevistarlo en privacidad. Por ello rechazamos las condiciones impuestas por la Policía para esa entrevista, que distan del ofrecimiento de garantías de seguridad y más bien parecen evidenciar desconfianza u obstrucción al encomiable y delicado trabajo que adelanta la CEV”; señala la misiva.
Las peticiones que hacen los asesores de la Comisión son varias, entre ellas, que el Presidente, como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, en desarrollo del principio de colaboración armónica, “solicite a las autoridades judiciales, administrativas y de control que adelanten con celeridad y rigor las investigaciones que les competan para esclarecer cuanto antes la autoría del robo de los dispositivos y se impongan las respectivas sanciones, de tal manera que se impida la repetición de estos hechos”.
Y aparece otra petición polémica: “Que el Gobierno ordene a las autoridades de policía no estar presentes en las diligencias de declaración de alias ‘Otoniel’ ante la CEV y permitir que estas se desarrollen con la reserva que les corresponde”.
La misiva señala también que el Gobierno debe “tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar la repetición de estas conductas, o la eventual realización de otras más graves, teniendo en cuenta que el declarante ha manifestado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ha tenido desde 2007 una relación de concierto para delinquir con civiles, empresarios, exintegrantes de las AUC, políticos, militares y exmilitares, lo cual indica que personas de mucho poder pueden ser las interesadas en impedir estas declaraciones”.