El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes señaló que las políticas basadas en la erradicación de cultivos no son eficientes y no han disminuido la producción de coca de forma significativa.  Durante el Foro 'Política de drogas tras 25 años de la muerte de Luis Carlos Galán', organizado por SEMANA y la Coporación Escuela Galán, con el apoyo de Pacific Rubiales, Daniel Mejía reconoció que si bien es mucho lo que se ha tratado de hacer en materia de lucha contra las drogas, los resultados obtenidos no son los ideales. “La política de drogas, como cualquier otra política publica, se debe evaluar por sus resultados y no por sus intenciones”, dijo y agregó que aunque nadie puede cuestionar que Colombia ha hecho un enorme esfuerzo por combatir este flagelo, las políticas, en especial las de aspersión y erradicación de cultivos, "no son los mecanismos adecuados para la lucha contra las drogas".  Según las cifras presentadas por Mejía, desde cuando comenzó el Plan Colombia, en el año 2000, se han fumigado alrededor de 1.600.000 hectáreas y erradicado manualmente cerca de 400.000. Sin embargo, la producción potencial de cocaína entre el 2000 y el 2008 se mantuvo estable ya que los cultivadores se adaptan con facilidad y diseñan mecanismos para ser más eficientes en la producción.  A esto hay que sumar los inmensos costos de la aspersión (eliminar un sola hectárea de hoja de coca cuesta alrededor de 57.000 dólares, y una sola hoja de coca se vende a 400) y los efectos negativos que tiene sobre el medio ambiente, la salud, e incluso, la confianza de quienes viven en esas zonas en las instituciones del Estado. “La política de drogas se ha enfocado en el cultivador, que es el eslabón más bajo de la cadena y quien menos se lucra del negocio”, dijo Mejía, además señaló que el enfoque debe estar en quienes la trafican, que son quienes se hacen millonarios con el negocio y lo mantienen vivo.  El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes reconoció que en los últimos cinco años ha habido un éxito relativo en términos de reducción de la producción de coca. Esto se debe, en gran parte, a que desde el 2008 las políticas se enfocaron en labores de interdicción como la incautación del producto y la destrucción de laboratorios. Este tipo de medidas ataca los eslabones altos de la cadena y hace que los precios suban y la oferta baje. Esto, sin embargo, “no tiene nada que ver con la aspersión”, sino con un cambio en el enfoque de la política.  Para Mejía, uno de los grandes problemas de la lucha contra las drogas en Colombia es que el país, por el protagonismo que ha tenido en la oferta de cocaína hacia el exterior, se ha olvidado atacar el consumo. Las políticas en ese frente han sido vagas y no han logrado llegarle al consumidor. En términos generales, en los últimos 20 años el consumo se ha entre duplicado y triplicado. Lo más grave, según Mejía, es que “hemos confundido el tema de consumo de drogas con el tema criminal” y esto no ayuda en nada para combatirlo ni para rehabilitar a quienes lo necesitan.