El 2015 no ha sido un buen año para la libertad de prensa. Varios periodistas han perdido la vida por cuenta de informar: el 14 de febrero Luis Peralta Cuéllar, en El Doncello (Caquetá); el 10 de septiembre Flor Alba Núñez, en Pitalito (Huila); el 23 de noviembre Dorancé Herrera, en Caucasia (Antioquia). Esta semana además, se conoció que la directora de La FM, Vicky Dávila fue presuntamente víctima de interceptaciones ilegales. El fiscal Eduardo Montealegre anunció que investigará si existen seguimientos a la periodista y si estos tienen que ver con unas investigaciones sobre irregularidades cometidas en la Policia que fueron publicadas por su medio. Así, Colombia termina el año con noticias desalentadoras. Los datos de los atentados a la libertad de expresión en el país son aterradores. Según un reciente informe del Centro de Memoria Histórica, “en Colombia, desde 1977, han sido asesinados 152 periodistas por hacer su trabajo. Esa cifra de asesinados, junto a las amenazas, los secuestros y las demás obstrucciones que han sufrido los reporteros, han llevado a que el país ocupe los peores puestos en indicadores de libertad de expresión”. La mayoría de estos crímenes ocurren en regiones apartadas en donde la prensa no tiene instituciones sólidas. Así, las investigaciones y las denuncias de los periodistas se estrellan muchas veces contra estructuras de poder que se benefician con la corrupción y el crimen organizado. Eso se cree que le pasó a Flor Alba Nuñez, quien antes de su muerte investigaba sobre la conexión entre una banda de sicarios y funcionarios judiciales. Esa historia, hecha pública en la emisora La Preferida, en Pitalito, Huila, le costó la vida. Algo similar sucedió con Luis Peralta Cuéllar. El periodista fue asesinado a sangre fría en el andén frente a su casa en el municipio de El Doncello, en Caquetá. Se cree que el atentado se pudo dar por una investigación que él había realizado sobre corrupción administrativa frente al sector petrolero. A esta dura realidad se suma la impunidad. Este año se publicó el Índice de Libertad de Expresión del país. Según esa investigación, “sólo en siete de los 280 delitos contra periodistas (182 amenazas, 57 lesiones personales, 39 homicidios y dos secuestros) cometidos desde el 2005 al 2014, existe alguna condena, mientras 232 no superan la etapa de indagación”. Según el informe de Memoria Histórica, sólo en un caso la justicia ha logrado enjuiciar toda la cadena criminal, es decir, no sólo al que apretó el gatillo sino al que ordenó la muerte. La gran mayoría de casos, por el contrario, han prescrito sin que se resuelva quiénes son los responsables. Si bien es cierto que la violencia contra los periodistas ha menguado, también lo es que hoy muchos ejercen el oficio de informar bajo serias amenazas. En este momento, más de 100 periodistas tienen esquemas de protección de asignados por el Estado. El daño que esa mordaza le hace a la democracia es enorme. Como bien señala el Informe de Memoria Histórica, “al matar un periodista no muere sólo una persona; con frecuencia desaparece también o se ve seriamente disminuido su medio de comunicación, lo que representa una pérdida aún mayor para las comunidades, en particular cuando son silenciadas voces críticas”.