A pesar de que ya han pasado más de dos años desde que entró en vigencia la Ley 2013 de 2019, que obliga a los servidores públicos de altos cargos y contratistas del Estado a publicar su declaración de bienes y rentas, declaración de impuesto sobre la renta y declaración de conflictos de intereses, aún hay algunos funcionarios que siguen sin cumplir esta responsabilidad.

De acuerdo con lo establecido en la ley, que se expidió en diciembre de 2019, en caso de incumplimiento, la Procuraduría General puede abrir una investigación disciplinaria.

De acuerdo con la norma, la obligatoriedad de mostrar sus finanzas cobija a los directivos de entidades privadas que prestan una función pública, como notarías, cámaras de comercio y curadurías, que deben hacer la divulgación proactiva de sus declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés y la declaración de renta que se presenta ante la Dian.

Por supuesto, están obligados los altos funcionarios del Ejecutivo (a nivel nacional, departamental y municipal), los jefes de los órganos de control, al igual que todos los integrantes del Legislativo: congresistas, diputados, concejales y ediles.

Sin embargo, un hecho que ha resultado llamativo es que, según indagó SEMANA en el aplicativo dispuesto por la Función Pública para consultar las declaraciones de renta de los altos funcionarios, la declaración de renta de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, correspondiente al año 2020 (es decir la que fue presentada el año pasado) no aparece publicada.

Este medio se comunicó con la oficina de prensa de la Procuraduría para conocer el motivo por el cual la declaración de Cabello no aparece en el aplicativo, donde sí aparece la declaración del 2020 de altos funcionarios como el presidente Iván Duque. Desde esta dependencia aseguraron que van a revisar el tema.

En el aplicativo aparecen las declaraciones de la procuradora correspondientes a 2018 y 2019, sin embargo la del 2020 no figura, lo que indicaría que al parecer no ha cumplido con la obligación de hacer público el documento correspondiente al año en mención.

La situación resulta llamativa si se tiene que, como se mencionó, la ley indica que es la Procuraduría la encargada de investigar a los funcionarios que no cumplen con esta norma.

Por ejemplo, esta semana se conoció que el Ministerio Público abrió indagación preliminar al alcalde de Medellín Daniel Quintero por, al parecer, no haber cumplido con publicar su declaración a tiempo.

El ente hará una revisión de la plataforma “Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019″ del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de establecer si el mandatario publicó las declaraciones de bienes y rentas de dichas vigencias.

En el documento, publicado vía edicto el pasado martes, se busca: “verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, o si actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento al deber contemplado en el artículo 3° de la Ley 2013 de 2019, relacionado al reporte de las declaraciones de bienes y rentas de las vigencias 2019 y 2020″.

En su cuenta de Twitter, el pasado 2 de diciembre, el alcalde Quintero publicó su declaración de renta del 2020, según él, en un acto de transparencia, aunque se supo que en realidad fue porque el abogado Abelardo de la Espriella interpuso una queja ante la Procuraduría.

Y este miércoles volvió a publicar un trino en el que muestra el aplicativo en el que evidencia que publicó sus declaraciones.