Una carta enviada este jueves, 30 de mayo, por la Procuraduría General a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, advierte sobre los riesgos de Colpensiones para asumir la reforma pensional debido a que no cuenta con la capacidad necesaria para ello.
En el documento hace una alerta y manifiesta varias preocupaciones frente a la reforma pensional, al sugerir cambios que deben hacerse con respaldo legal y financiero.
Entre las advertencias sobre la iniciativa, que está a un debate de ser aprobada para que se convierta en ley en la Cámara de Representantes, mencionan las reglamentaciones que se harán luego de ser aprobada la reforma y que quedarían en manos del Gobierno Nacional.
La procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda, indicó en el texto que no hay claridad de cómo Colpensiones asumiría la administración de los nuevos afiliados o nuevos aportes.
Además, afirmó que desde hace varios años y con diferentes mesas técnicas evidenciaron un retraso en la atención de trámites y poca gestión para ponerse al día.
A la ministra Ramírez le avisaron de que mínimo 45 temas estructurales del sistema estarían sujetos a una reglamentación posterior y esto “podría generar altas judicializaciones, vulneración a los derechos de los afiliados que soliciten el reconocimiento de una prestación económica y que se vean afectados por demoras en la reglamentación”.
La Procuraduría también recordó que la Junta Directiva de Colpensiones informó que, con corte al 31 de marzo, tenían 48.833 trámites pendientes, de los cuales 4.553 están con términos legales vencidos, pese a que hay varios planes de contingencia activos para solucionar dicha falencia.
Además, mencionó lo que ocurrió durante la transición del Instituto de Seguros Sociales (ISS) a Colpensiones, lo cual llevó a la Corte Constitucional a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en 2013, situación que se superó parcialmente en 2015.
Por eso, el ente disciplinario señaló que Colpensiones no cuenta con la capacidad técnica, administrativa, ni operativa, para la implementación de la reforma ante el traslado de aproximadamente 19 millones de nuevos afiliados.
También la procuradora delegada manifestó que desde 2013 ha generado cientos de requerimientos a la entidad ”respecto del trámite de solicitudes y acciones de mejora, por lo que, para el segundo semestre del año 2023 se efectuó una alerta y se realizó un diagnóstico sobre la situación de la entidad en el que se evidencia la congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos“”.
Un panorama que preocupa debido a que aun con los planes de contingencia dispuestos, no lograron superar el atraso en la decisión de prestaciones económicas de su actual población afiliada, ya que la meta era llegar al 31 de diciembre de 2023 con 5.500 solicitudes vencidas, como así lo señalaron en el informe del 20 de octubre de 2023.
“Sin embargo, nos informaron, que el total de vencidos para el cierre de vigencia fue de 8.609 trámites pendientes de gestión con vencimiento de términos”, resaltó.
Por eso el llamado de la Procuraduría ante lo que pueda ocurrir con la aprobacíón de la reforma es “que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como el Congreso de la República, tengan en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que implicará para el Presupuesto General de la Nación el proyecto”.
“Se insiste sobre la necesidad de contar en todos los Pilares, con estudios de impacto fiscal y de sostenibilidad financiera del sistema de Protección a la Vejez, a mediano y largo plazo”, puntualizó el texto.
Una situación que ya venía alertando el Ministerio Púbico en un documento anterior, cuando la reforma estaba en su segundo debate en el Senado, sobre los riesgos de sostenibilidad financiera que afrontaría en el futuro el régimen pensional.
En ese momento, el ente de control manifestó que dicha aprobación y la reforma “no contó con los estudios técnicos y recomendaciones realizadas por diferentes expertos”.