El canciller Álvaro Leyva ha hecho todo lo que puede para que se note que no está cumpliendo con la suspensión provisional que le ordenó la Procuraduría la semana pasada. Como ministro de Relaciones Exteriores, Leyva sigue despachando. El sábado envío, a título del Gobierno, una protesta por las declaraciones de Milei sobre el presidente Petro en una entrevista internacional. El lunes publicó los pliegos de la nueva licitación de pasaportes, tema por el cual está en el ojo del huracán. Los demás días, no ha parado de firmar decretos.
Sin embargo, el hecho no ha pasado inadvertido por el órgano de control. En un auto firmado por el procurador delegado Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, la Procuraduría le pide cumplir la orden de separarse del cargo.
“En virtud de las múltiples noticias registradas por medios nacionales, se tiene conocimiento de que el disciplinable, a la fecha, no ha dado cumplimiento a la orden de suspensión provisional impartida por la Sala Disciplinaria de Instrucción mediante auto del 24 de enero de 2024″, dice el escrito.
El procurador delegado le recuerda la normatividad que sustenta su competencia para actuar en el caso y decide:
“REQUERIR al disciplinable Álvaro Leyva Durán para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código General Disciplinario, y lo precisado por la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2003, proceda de manera inmediata a dar cumplimiento a la orden de suspensión provisional decretada el 24 de enero de 2024 y cesar en el ejercicio de las funciones”.
Como se sabe, la Procuraduría investiga disciplinariamente al canciller por el escándalo de la licitación de pasaportes. En especial, el ministerio público indaga por dos situaciones. La primera fue haber declarado desierta la licitación, para lo cual, a juicio de esa entidad, no estaba facultado; la segunda es la decisión de decretar la urgencia manifiesta para, de un plumazo, contratar la expedición de los documentos por un año. Por último, no acatar y ni siquiera escuchar las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica y del Comité de Contratación de la Cancillería de llegar a una conciliación con Thomas Greg & Sons, que había ganado la licitación con un resultado perfecto de 1.000 puntos.
Leyva ha dejado claro, por la vía jurisdiccional, que rechaza la suspensión. En diálogo con SEMANA, uno de sus abogados, Ernesto Matallana, aseguró que la visión que tiene la Procuraduría sobre el caso del canciller es inconstitucional, pues se está tomando una decisión por los hechos que el funcionario pueda cometer a futuro, lo cual implica una violación a su presunción de inocencia.
“La Procuraduría no tiene competencia para esta decisión porque la norma no lo autoriza para suspenderlo. La norma es muy clara sobre cuándo se puede suspender”, reitera Matallana.
El canciller finalmente interpuso un recurso ante la misma Procuraduría este jueves. El caso puede resolverse pronto. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría fijó para el próximo 15 de febrero de 2024 el inicio del juicio verbal contra el ministro de Relaciones Exteriores.
El organismo de control señaló que la consulta formulada sobre la suspensión provisional por tres meses a Leyva Durán debe ser resuelta por el despacho de la procuradora general de la nación, trámite totalmente independiente del juicio verbal que adelantará la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento. La procuradora tiene plazo hasta la semana entrante.