La Procuraduría abrió una investigación en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y en el curso de esas indagaciones ordenó al menos 15 pruebas para determinar la responsabilidad que tendría el funcionario en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entre las diligencias se encuentra una citación a declarar a quien fue su asesora, María Alejandra Benavides.
En la misma lista de pruebas que adelantará la Procuraduría en el curso de la investigación contra el ministro Bonilla, también se escuchará en diligencia la declaración de Jaime Ramírez Cobo, tras advertir que se convirtió en el enlace entre el Ministerio de Hacienda y la UNGRD para concretar la firma de millonarios contratos en favor de determinados contratistas.
Además, le pedirán a la oficina de talento humano del Ministerio de Hacienda que entregue toda la documentación relacionada con el contrato de Ricardo Bonilla, el día en que llegó a esa cartera, el tiempo que permanece y otros detalles que –en criterio del Ministerio Público– son relevantes en el marco de la investigación por el escándalo de la UNGRD.
“Oficiar a la Oficina de Talento Humano del Ministerio de Hacienda, a fin de que aporte a la actuación, copia del acta de nombramiento, acta de posesión y hoja de vida del ministro Ricardo Bonilla, y certificación de tiempo de servicios. Así mismo, allegar copia del manual de funciones del cargo de ministro, vigente para los años 2023 y 2024″, señala la Procuraduría.
Adicionalmente, también le pidieron al Ministerio del interior que entregue toda la información relacionada con el exministro Luis Fernando Velasco, con el ánimo de complementar la información que ha surgido de los medios de comunicación y los testigos en este escándalo de corrupción donde el nombre de Velasco aparece mencionado.
“Oficiar a la Oficina de Talento Humano del Ministerio del Interior, a fin de que aporte a la actuación, copia del acta de nombramiento, acta de posesión y hoja de vida del exministro Luis Fernando Velasco, y certificación de tiempo de servicios. Así mismo, allegar copia del manual de funciones del cargo de ministro, vigente para los años 2023 y 2024″, explica el texto de la Procuraduría.
En el mismo sentido, lo hicieron con el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Cancillería de Colombia, en primer lugar para conocer los detalles del nombramiento de Carlos Ramón González, hoy exdirector de Inteligencia Nacional, y el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, los dos mencionados por los testigos de este escándalo.
Como parte de los elementos de prueba, la Procuraduría ordenó hacer una inspección a los procesos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas que resultaron salpicados en este escándalo de corrupción y que quedaron una compulsa de copias de la Fiscalía para establecer la responsabilidad que tendrían los legisladores en estos hechos.
“Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 154 del CGD, traslade a la actuación disciplinaria los elementos materiales de prueba y evidencia física, que obren en el proceso adelantado en contra de exfuncionarios de la UNGRD, que dieron lugar a la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, advierte el documento de la Procuraduría.
Las declaraciones y las inspecciones se sumarán a otros elementos de prueba que serán articulados con la Dirección Nacional de Investigaciones, para recaudar la información necesaria y así establecer la responsabilidad que tendría el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en los hechos que fueron denunciados y que ya tienen una imputación de cargos en la Fiscalía.