La novela de la elección de dos representantes a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente parece de nunca acabar. Hace unos días la judicatura le dio la razón a una tutela que buscó suspender la posesión de María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco Vicuña, candidatos que ganaron en las urnas. El caso ahora está en manos del Consejo de Estado, quien definirá la demanda sobre esa elección. Lo que se ha cuestionado es que ni María del Socorro ni Orozco representan a los negros en Colombia. Ahora entra otro actor en escena: la Procuraduría. La entidad –como pocas veces se ha visto– radicó una demanda ante ese alto tribunal para evitar a toda costa que se posesionen Bustamante y Orozco. Semana.com conoció en su integridad la demanda interpuesta por el procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado, Juan Clímaco Jiménez, en la que solicita declarar nula la elección. Considera que las comunidades afro nunca fueron consultadas sobre sus intereses, por lo cual “la elección carece de legitimidad”, reza en el documento. Para la Procuraduría “la elección de los ciudadanos Moisés Orozco Vicuña y María del Socorro Bustamante desconoce el fundamento esencial que permitió la creación de una circunscripción especial. Lo elegidos no representan los intereses de estas comunidades", precisa el documento. Igualmente se deja claro que los representantes fueron inscritos con el aval de la Organización Fundación Ébano de Colombia (Funeco), sin cumplir los requisitos mínimos para pertenecer en ese grupo significativo de ciudadanos. “La inscripción de Orozco y Bustamante no estuvo precedida de una consulta previa a la comunidad afrodescendiente. Se originó un movimiento unilateral del movimiento Funeco”, dice el procurador en su demanda. En el documento se pone de presente que decretar la elección de dichos representantes se están violando los artículos 1, 7 y 176 de la Constitución Política, en donde “se les otorga a las comunidades étnicas el derecho a elegir a sus representantes para tal circunscripción especial consagrada por la carta magna, por lo tanto toca de lleno con el derecho a la identidad cultural en el contexto de la participación política”. Con esta nueva demanda del Ministerio Público se cierra aún más el cerco para los intereses de los dos candidatos elegidos. Esta acción se suma a las otras tres que tiene en su poder el Consejo de Estado y que, seguramente, los magistrados unificarán para fallar de manera íntegra. Amanecerá y veremos.