Ángel Henao, John González, Lucas Restrepo, Julián Ceballos, David Montoya, Wilmar Oquendo, Deifer Morales, Daniel Restrepo, Elisa Tobón, Juliana Villegas y Víctor Gil se encuentran en la mira de la Procuraduría General, tras un viaje que realizaron a Turquía y Dubái.
El ente de control explicó que abrió una investigación sobre estas 11 personas que hacen parte del concejo de Sabaneta, en Antioquia, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el uso de los recursos públicos para este viaje.
Con esta medida, el Ministerio Público busca verificar el contrato de prestación de servicios del Concejo Municipal con la Corporación Étnica para el Desarrollo Social (Cordessol), para determinar de dónde salieron los recursos para el viaje que se extendió entre el 31 de marzo hasta el 12 de abril.
Según expuso la Procuraduría, los funcionarios habrían viajado a una capacitación con visitas a Estambul, Capadocia y otros lugares, por lo que se busca confirmar el itinerario de los investigados, de qué se trató la capacitación y el informe presentado a la corporación de este.
De igual manera, se verifica la información en el Secop y si este cumple con lo establecido en la ley, con el fin de corroborar las conductas descritas. Para ellos, se ordenó las pruebas necesarias para definir los responsables y si constituye falta disciplinaria alguna.
La decisión del órgano de control también acoge al secretario General de la corporación, Gabriel Arturo Vanegas Chaverra, quién también habría acompañado a los cabildantes en su travesía por estos países.
También investiga a gerentes de hospital en Plato, Magdalena
En otra decisión informada este sábado, 27 de abril, el ente de control profirió pliego de cargos a las gerentes de la Empresa Social del Estado Hospital Local 7 de agosto de Plato, Magdalena, Pier Angelly Velazco Aguilar y Diana Matilde Anaya Rivera.
El Ministerio Público explicó que esta investigación se adelanta por las presuntas irregularidades en el cobro coactivo de obligaciones a Comparta EPS-S.
La Delegada para la Economía y Hacienda indicó que en entre 2019-2022 las funcionarias habrían expedido resoluciones con el objeto de cobrar cerca de $ 1.000 millones a la empresa prestadora de salud, para lo que no tenían facultades legales.
El organismo de control señaló que tanto Velazco como Anaya posiblemente pasaron por alto que los recursos del Sistema General de Participaciones, dentro de los que se encuentran los destinados al régimen de salud, no pueden ser objeto de embargo ni utilizados para otro fin distinto.
Por la supuesta omisión del principio de inembargabilidad y de lo estipulado por la Procuraduría en la Circular 02 del 21 de marzo de 2023, en la que se resaltó que las ESE carecen de competencias para adelantar procesos de cobro coactivo en contra de las EPS, las ERP y la ADRES, se calificó la aparente conducta de las funcionarias como falta grave cometida a título de culpa gravísima.