Una comisión disciplinaria extraordinaria de la Procuraduría General se trasladó, de manera urgente, al municipio de Tierralta (Córdoba), para investigar los hechos de violencia de la que fue víctima la comunidad indígena en la vereda Bocas de Manso.
El organismo de control disciplinario indicó que asumirían el poder preferente de la indagación previa que inició el Ejército Nacional, por la presunta intimidación que sufrieron los pobladores de esta zona del país.
Finalmente, la comisión liderada por el procurador delegado para la Defensa los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Vidal, adelantó las acciones disciplinarias pertinentes con el propósito de esclarecer estos hechos.
Así lo reveló la misma Procuraduría, al indicar que “se realizaron 32 diligencias (versiones, declaraciones, testimonios de la comunidad e inspecciones), con el fin de esclarecer los hechos sobre los posibles hostigamientos por parte de militares a esta población.
Javier Sarmiento, delegado de Derechos Humanos y coordinador de la comisión extraordinaria del ente de control, ordenada por la procuradora Margarita Cabello Blanco, destacó que se “evaluará la información recolectada con el fin de adoptar, en la mayor brevedad posible, las respectivas decisiones disciplinarias que den a lugar”.
Adicionalmente, Sarmiento recalcó que la Procuraduría trasladará a los diferentes ministerios las solicitudes recibidas de la comunidad campesina e indígenas emberá de la vereda Bocas de Manso, en Tierralta, Córdoba.
Militares involucrados en el violento hostigamiento a civiles
Tal como lo anticipó SEMANA, son diez los militares que están comprometidos con las intimidaciones que sufrieron los pobladores de Tierralta, Córdoba. Todos fueron retirados del servicio para que rindan explicaciones ante las autoridades.
Así lo anunció el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, quien detalló que, 48 días antes del incidente, los protagonistas habían recibido formación en derechos humanos y tenían elementos para prevenir las presuntas violaciones.
“Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que se ha podido identificar”, anunció el alto mando desde Montería.
Así las cosas, los supuestos responsables de las amenazas que recibieron los campesinos de Tierralta no podrán portar armas. Mientras que los mandos que tenían el control de la unidad no podrán ejercer ningún tipo de misiones de liderazgo ni de inteligencia.
Frente al desarrollo de las investigaciones, el general Ospina anticipó que las conductas disciplinares serán asumidas por la Procuraduría, mientras que la Justicia Penal Militar abrió una carpeta por el delito de abuso de autoridad especial, en averiguación de responsables.
El comandante también advirtió: “En igual sentido, y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que, según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”.
¿Quién disparó al helicóptero?
El Clan del Golfo es el responsable del ataque armado contra el helicóptero del Ejército Nacional que transportaba a una comisión integrada por representantes de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo a Tierralta, en Córdoba. Así lo confirmó el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina.
Las autoridades realizaron una exhaustiva revisión técnica del helicóptero, y los indicios apuntaron hacia el Clan del Golfo debido a la ubicación del incidente, el tipo de disparo y otros elementos que apuntan a su implicación en el ataque.
Las autoridades realizaron una exhaustiva revisión técnica del helicóptero, y los indicios apuntaron hacia el Clan del Golfo debido a la ubicación del incidente, el tipo de disparo y otros elementos que apuntan a su implicación en el ataque.
“El sector en donde fue impactado el helicóptero es un corredor del narcotráfico y, teniendo en cuenta que esto, activamos la inteligencia técnica”, confirmó el general Ospina.