Es claro que para Daniel Ortega lo más importante en materia internacional es la expansión del territorio marítimo de Nicaragua y el provecho económico que pueda sustraerle. Luego del fallo de La Haya, que le concedió 75.000 kilómetros cuadrados del mar que antes era colombiano, el mandatario nicaragüense miró hacia Jamaica, Honduras, Panamá y Costa Rica en busca de más kilómetros cuadrados. Ahora, Ortega quiere asegurar lo dicho por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y le propuso al mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, crear una comisión conformada por representantes de ambos países para aplicar el fallo de noviembre del 2012. El mandatario nicaragüense hizo la propuesta tras recordar que Colombia todavía no reconoce el fallo de la CIJ, aunque aseguró que en la práctica sí lo hace. "Esperamos llegar a una negociación para que en esa negociación nos pongamos de acuerdo sobre cómo se aplica el fallo de manera plena", insistió Ortega, quien se mostró conforme con la manera como avanza el caso después del fallo. "Se va dando por las vías de hecho el cumplimiento de la ley", sostuvo el presidente. Por su parte, ni Santos ni la Cancillería han respondido a este repentino pedido de Nicaragua. Esto se podría explicar por la posición que ha asumido el gobierno colombiano desde el fallo de la Corte. Para intentar encontrar una salida a la decisión del tribunal internacional, Colombia contrató a la firma de abogados Volterra Fieta; recurrió a otros bufetes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y pidió varias interpretaciones tanto de Cortes nacionales como de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Se cree que todas estas acciones legales están dirigidas a la presentación de un recurso de interpretación o de aclaración, y a la argumentación de por qué la decisión del CIJ es inaplicable. A pesar de los reclamos colombianos, Nicaragua ya ha demostrado su poder sobre el territorio marítimo. De hecho, hace más de dos semanas el presidente Ortega permitió una concesión para buscar petróleo y gas en los 75.000 kilómetros cuadrados cedidos por la CIJ. Como si fuera poco, en la intervención del pasado lunes sobre la creación de la comisión, Ortega ratificó que una parte de la reserva de biósfera "Seaflower” ahora pertenece a Centroamérica, por mandato de la Corte Internacional. El debate comenzó en días pasados, cuando Nicaragua le solicitó a la UNESCO que le reconociera como propia esta reserva natural, que pertenece a Colombia. La respuesta de la Cancillería colombiana fue inmediata. “Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que la Reserva de la Biósfera Seaflower, inscrita en el Programa del Hombre y la Biósfera de la UNESCO, mediante un acto soberano de Colombia, se encuentra sujeta a la legislación nacional. Por lo tanto, no estaría en el ámbito de competencia de la UNESCO determinar el programa de manejo de tal reserva”, como se explicó en un comunicado. Ahora se espera una respuesta por parte del gobierno colombiano respecto a la propuesta de la comisión conjunta con Nicaragua.