Una polémica sacude al Inpec y a la cárcel La Picota luego de que se conociera información sobre salidas irregulares del empresario Carlos Mattos, quien se encuentra –en teoría– privado de la libertad y ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación reconociendo su participación en el denominado caso Hyundai.
En las imágenes reveladas por Noticias Caracol, se ve a Mattos tranquilamente en un edificio en el que, según se conoció, tiene una oficina privada, la cual era utilizada hace varios años para realizar sus negocios de compra y venta de vehículos, así como reuniones con inversionistas nacionales y extranjeros.
Todo indica que el empresario continuó manejando sus negocios desde esa oficina pese a estar cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario desde noviembre pasado cuando fue extraditado a Colombia.
Para evitar estos casos, el candidato a la Cámara por Bogotá del Nuevo Liberalismo Germán Ricaurte propuso una profunda reestructuración del Inpec, que sea antecedida de un “debate de control político a este instituto, enfocado en la corrupción en la entidad y las alianzas de diversos actores con bandas criminales al interior y al exterior de las cárceles”, con el fin de hacer un diagnóstico profundo de las reformas que se requieren.
“Para nadie es un secreto que los ladrones de cuello blanco tienen condiciones preferenciales, hacen lo que les da la gana, ingresan alcohol, hacen fiestas, ingresan celulares, hacen sus negocios desde allí”, dijo Ricaurte.
Igualmente, anunció que, en caso de llegar al Legislativo, impulsará un proyecto para la creación de un programa nacional de acompañamiento a la población pospenada, con el objetivo de disminuir la tasa de reincidencia delictiva, pues “hoy las cárceles son universidades del crimen”.
Según explicó el candidato, “este será un programa serio y robusto, con alojamiento, oportunidades de formación para el trabajo, educación. Si le brindamos una oportunidad a esta población, sus niveles de reincidencia delictiva van a bajar”, indicó Ricaurte.
Otro de los puntos en los que ha hecho énfasis el aspirante a la Cámara, quien fue edil de Chapinero (en Bogotá), tiene que ver con la regulación de las drogas.
“Para golpear a las estructuras narcotraficantes y a sus aliados que les lavan el dinero, trabajaré por la regulación de todas las sustancias y el fortalecimiento de la Uiaf. La guerra contra las drogas fracasó, ha costado billones de pesos y miles de vidas. Los recursos liberados deben ser invertidos en educación, prevención, salud pública y el desarrollo de actividades económicas legales”, manifestó Ricaurte.
El candidato también habló de la posibilidad establecer un salario mínimo regional, que responda a los niveles de desempleo, informalidad laboral, pobreza y costo de vida de cada departamento.
El caso Mattos
Las imágenes divulgadas por Noticias Caracol, en las que se ve a Carlos Mattos violando todas las medidas de privación de la libertad saliendo como “Pedro por su casa” de su sitio de reclusión, le costaron el cargo al director del Inpec, general Mariano Botero Coy, y el director de la cárcel La Picota, el coronel en retiro Wílmer Valencia.
Luego de su destitución, el general Botero Coy habló en Vicky en SEMANA y señaló que este no es un hecho aislado.
“Hoy están identificadas 147 personas privadas de la libertad que tienen poder adquisitivo y, desde las cárceles, siguen haciendo daño. Es necesario neutralizar a estas personas”, resaltó.
El general agregó que “si nosotros hacemos las labores de incomunicarlos –en lo que corresponde a la ley–, de aislarlos efectivamente, la seguridad del país va a mejorar ostensiblemente”.
Estas 147 personas a las que se refiere el general Botero son catalogadas como “Nivel 1″ de seguridad y sus detalles fueron compartidos con el Gobierno de Estados Unidos. “Por eso estábamos proyectando pabellones de alta seguridad con una guardia especial, precisamente, para evitar el actuar delincuencial y criminal de estos individuos y que le sigan haciendo daño a la seguridad”, agregó.