Le entrego este detenido y el respectivo expediente en lo que va. Palabras más, palabras menos, ese es el mensaje esencial de la providencia con que la Corte Suprema de Justicia oficializó el traslado del caso del exsenador Álvaro Uribe, con casa por cárcel, a instancias del fiscal general, Francisco Barbosa. Así, el espinoso debate sobre quién debía estar a cargo de la investigación que se le adelanta contra el exmandatario por presuntos soborno de testigos y fraude procesal llegó a su fin.Los cinco magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidieron que el expediente debe pasar a la Fiscalía General de la Nación a raíz de la renuncia del expresidente a su curul como senador. El argumento central para la decisión, que es el mismo que venía esgrimiendo la defensa de Uribe Vélez desde su dimisión, es que la investigación no guarda relación alguna con su cargo de congresista.

"Lo primero por precisar es que en efecto como lo señala la defensa, las conductas punibles por las que está siendo investigado su defendido (Álvaro Uribe Vélez) son de las denominadas comunes, luego, pueden ser cometidas por cualquier persona sin que se exija una calidad o condición personal" establece la providencia.La Sala Especial de Instrucción, además, determinó que no existían pruebas para demostrar que Uribe Vélez se hubiera "valido de su función congresual" para "la presunta comisión de delitos de soborno en la actuación penal o de fraude procesal". Por el contrario, aseguraron que las supuestas conductas punibles se llevaron a cabo fue en el marco de un proceso judicial, el que tiene a Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda como contrapartes.Vea: Iván Cepeda tras el paso del expediente de Uribe a la Fiscalía

"A este respecto la defensa manifiesta que no hay ninguna relación funcional por cuantos las presuntas conductas punibles se habrían verificado en el marco de acciones judiciales, a lo que debe concederse razón, en tanto y en cuanto en el 2012 el doctor Uribe Vélez en contra de quien, para ese momento, era representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, dando paso al proceso 38451".En la decisión de 64 páginas y suscrita de forma unánime, los magistrados hicieron un recuento detallado y en orden cronológico del caso Uribe.Allí se resaltó que los hechos que configurarían los delitos de soborno a testigo y fraude procesal tuvieron lugar entre 2017 y 2018, concentrándose la mayoria en el primer semestre de 2018, justo después que la Sala Penal profirió la famosa absolución a Cepeda y la compulsa contra Uribe. En ese momento el exmandatario y su polémico abogado –no oficial– Diego Cadena, ahondaron esfuerzos para conseguir una serie de testimonios de exparamilitares a fin de recurrir con base en estos tal decisión judicial.

La corte recuerda que fue entonces cuando se dieron las visitas de Cadena al testigo preso Juan Guillermo Monsalve con miras a conseguir su retractacción, y fue también en ese momento  que este empezó a ser presionado por alias Carlos López, alias Caliche, supuestamente por petición del congresista Álvaro Hernán Prada; así como por su compañero de prisión, Enrique Pardo Hasche.En su resolución, la corte anuncia que el expediente será formalmente trasladado a la Fiscalía y que el preso quedará también a disposición del ente acusador. "Como quiera que Álvaro Uribe Vélez se encuentra cobijado con la medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por la domiciliaria de conformidad con el Código de Procedimiento Penal aplicable para estos casos (Ley 600 de 2000), quedará a disposición del fiscal general por virtud de estas diligencias".De otra parte, se señala que se hará ruptura procesal y que el caso contra el representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, seguirá en la corte, toda vez que este no ha renunciado. Frente a Prada aun está pendiente la resolución de situación jurídica."A partir de hoy se da inicio al procedimiento de entrega del expediente, compuesto por numerosos cuadernos, así como al copiado de múltiples medios magnéticos contenidos en el mismo", explica la corte.