¿Qué tienen en común dos ciudadanos con ojos rasgados, claramente orientales, pero con nombres tan criollos como Michael García y Lucas Martínez; un supuesto espía venezolano detenido en Bogotá cuyo nombre es José Ramón Lozada; o Lázaro Valdés, un médico cubano deportado por asuntos de seguridad nacional, y Alejandro Emel Olivares, quien formaba parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de Venezuela y resultó muerto en una persecución policial en su país? La respuesta es clara, todos tenían nacionalidad colombiana, documentos tramitados ilegalmente que se convertían en un pasaporte para delinquir.
No es un lío de poca monta, en realidad se trata de un grave asunto de seguridad nacional que tiene prendidas las alarmas de las autoridades y puso al descubierto toda una red de corrupción que, a cambio de millonarias sumas de dinero, le otorgaba ciudadanía colombiana a extranjeros, en su mayoría venezolanos y con intenciones de delinquir.
La red corrupta que feriaba nacionalidades falsas tenía sus tarifas, de fondo, como contó un investigador, “dependía de los documentos que necesitaba expedir, el prontuario o del marrano, como se dice popularmente. Había combos que 5 mil dólares (22 millones de pesos) para el trámite del registro y nacionalidad; 14 mil dólares (63 millones) si compraban el “combo”, registro de nacimiento, cédula y pasaporte; este cobro podría llegar a los 22 mil dólares (casi 100 millones de pesos) si se trataba de una persona con antecedentes y a la cual había que buscarle incluso los testigos falsos.
La red criminal
Más de 60 personas han sido judicializadas por estar comprometidos como intermediarios en la cadena criminal, incluso algunos ya están tras las rejas. La barrida en la Registraduría le llegó a once funcionarios presuntamente corruptos, seis fueron sacados de la entidad, destituidos; otros cinco, por el debido proceso se encuentran suspendidos, pero no pueden firmar un solo documento.
Así de un plumazo podían estar en Colombia, pasar como nacionales aunque cargaran todo un prontuario delictivo sobre sus hombros o estuvieran desarrollando misiones oscuras en el país.
Otro factor delictivo que llamó poderosamente la atención de las autoridades judiciales y de identificación: el trámite de estas nacionalidades se convertía en un, literal, pasaporte de impunidad internacional, la posibilidad de pasear por aeropuertos en todo el mundo con el pasaporte colombiano evadiendo controles policiales y migratorios.
¿Cómo lo hacían? El ejemplo más claro es el de los ciudadanos chinos, Lucas Martínez y Michael García, los dos son contrabandistas. Y por supuesto, el nombre bajo el cual los registraron en Colombia no es real, mucho menos los tradicionales apellidos. Lucas en realidad se llama Zhangyong Ye y su afán de tener la nacionalidad colombiana en realidad era expedir un pasaporte colombiano.
De este modo, podía cruzar con tranquilidad los filtros de migración en cualquier lugar del mundo, sin tener ningún tipo de reseña ni solicitud formal de captura de Interpol, bien fuera circular roja o circular azul.
Peor es la situación de Alejandro Emel Olivares, a quien todo lo que lo rodeaba resultaba oscuro. Fue capturado en mayo de 2020 muy cerca a Bogotá, en el municipio de Madrid, de inmediato mostró sus documentos colombianos, pero estaba siendo seguido muy de cerca por inteligencia y por Migración; tenían claro que era un espía que vigilaba los pasos del diputado opositor al gobierno de Nicolás Maduro, Hernán Alemán. Olivares había pagado más de dos millones por sus documentos y de inmediato fue expulsado de Colombia.
Un año después murió en el estado de Miranda, en Venezuela, en extrañas circunstancias cuando hombres de la división antirrobos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) lo persiguieron e intercambiaron disparos. El espía chocó en la persecución y murió, en su bolsillo tenía un carné que lo acreditaba como miembro de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).
40 mil documentos ilegales
Si algo tienen claro las autoridades es que con este trámite irregular no se busca nada bueno, de entrada es un delito, pero se hace para cometer más delitos o ilegalidades, en el mejor de los casos para acceder a servicios que en su país son ineficientes o simplemente son negados como la salud. Es ese uno de los argumentos de las ONG que han venido criticando la decisión de la Registraduría, a través de la Dirección Nacional de Registro Civil, de anular más de 40 mil ciudadanías con el argumento de que es “un fraude y engaño sobre la seguridad nacional y las instituciones públicas y privadas”.
A lo que no se refieren esas ONG que critican el hecho de cerrar esa puerta a “migrantes como un asunto humanitario” es a los actos ilegales, los cientos de delincuentes que han tramitado esas nacionalidades para hacer “fiestas” en Colombia, como sucede con criminales peligrosísimos como los escuadrones del Tren de Aragua que están sembrando el terror en el país imponiendo a sangre y fuego sus negocios de microtráfico, extorsión y sicariato. Ellos también han logrado la nacionalidad a cambio de billete.
La supuesta falta de respuesta humanitaria al cancelar las nacionalidades colombianas ilegales, tramitadas con fraudes, mentiras y engaños, la contradicen las cifras. Son más de 550 mil colombovenezolanos, hijos de padre o madre colombianos, que ya cuentan con registro legal, pero solo el 4.6 por ciento, es decir, algo más de 40 mil personas, 25 mil de ellas venezolanas, lo han hecho de forma fraudulenta.
El detonante del delito
Justamente fue la decisión humanitaria de facilitar el trámite de la ciudadanía colombiana a migrantes que tuvieron que salir de Venezuela, dejándolo todo, para reiniciar su vida ante la crisis y hambre que enfrentaban, la que abrió el boquete por el que se colaron peligrosos criminales.
Realizar este trámite de la segunda nacionalidad no era un asunto difícil, siempre y cuando existan los documentos y se cumpla la ley. “La nacionalidad colombiana se obtiene por nacimiento si los dos, o al menos uno de los dos padres, es colombiano. También si siendo hijo de extranjeros, alguno de sus papás prueba que está domiciliado en Colombia en el momento del nacimiento del menor”, señala la Constitución.
Para eso era necesario presentar el registro venezolano y los documentos de los padres, eso sí, apostillados para que tengan validez jurídica. Pero, ante la ruptura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y la dificultad para hacer el trámite, se abrió la puerta para que la certificación de los padres como nacidos en Colombia se validara a través de testigos.
Hecha la ley hecha la trampa; a las irregularidades y falsificaciones de apostillas se sumaron testigos que por unas monedas se prestaban para el ilícito. Personas que por tener el mismo apellido de quien iba a expedir el registro simulaban ser familiares, enfermeras que supuestamente atendieron los partos y hasta personas que dicen que habían recogido a los menores cuando fueron abandonados.
La historia no acaba ahí, a las críticas de ONG que reclaman por la anulación de estos registros y ciudadanías, se suma la intención, terca o descarada, de quienes han sido descubiertos en el fraude de interponer acciones de tutelas, que están llegando por decenas para tratar de legalizar una nacionalidad inexistente.
Sin embargo, hay que dejar claro que no todas las personas que tramitaron esos documentos de forma irregular tenían intenciones de delinquir, pese a haber pasado por encima de las normas. Por eso, la Registraduría, a través de la Dirección Nacional de Registro Civil, está facilitando los medios para que las personas que hayan tramitado registros civiles de nacimiento con fraude a la ley, puedan a través de una nueva inscripción que cumpla los requisitos legales, conservar en Número Único de Identidad Personal NUIP.
Más de 4.000 personas nacidas en Venezuela hijos de padres colombianos así lo han hecho y por tanto regularizaron su estatus ciudadano. Otros consiguieron su propósito fraudulento (cédula y pasaporte) y salieron de Colombia y viven en el exterior. A ellos se suman los esperanzados en conseguir con maniobras, atajos, consejas y reclamos que omiten su mal proceder, obtener se restablezca un derecho a la nacionalidad colombiana que no les corresponde.