SEMANA: Procurador, ¿qué alcance tiene el proyecto que le presentará al Gobierno el lunes y que radicará en el Congreso el 20 de julio? Fernando Carrillo: Es un sistema de justicia abierta, que es lo contrario a todo lo que se ha hecho en las reformas de la justicia en Colombia hasta el momento. Las reformas siempre han sido producto de conciliábulos, de círculos cerrados, de expertos y académicos, pero sin consultar la demanda de justicia. La justicia abierta es una de las tendencias modernas, varios países de América Latina la han incorporado y en el ámbito europeo es la forma de implantar los nuevos sistemas de justicia, sobre todo en lo local y territorial. SEMANA: En la práctica, ¿qué implica esa propuesta? F.C.: Lo primordial es que es una reforma consensuada. Consultamos cuál es la demanda de justicia, con un elemento diferencial que consiste en dejar un margen de acción para que la justicia se adapte a los territorios. No son iguales los conflictos cotidianos en el Catatumbo, Cauca, La Guajira, Chocó o el Amazonas. Hay que dejar atrás la idea de que una reforma es solo justicia penal. Los métodos alternos fortalecen la democracia local y a nivel central, y para eso hay que reformar la justicia desde la base. Este proyecto va a institucionalizar el funcionamiento de la administración de justicia en el ámbito local, que es muy débil o casi inexistente.
SEMANA: ¿Cómo es eso de consultar la demanda de justicia? F.C.: Recorrimos el país con una consulta en la que participaron ciudadanos, facultades de derecho, academias de jurisprudencia, abogados, jueces y, por supuesto, la Judicatura. Tuvimos 33 talleres en universidades y el resultado es la definición de los temas prioritarios. El más urgente es que hay que acabar con la impunidad, que es falta de acceso efectivo a la justicia. El problema arranca desde la instancia de entrada, que muchas veces son las comisarías de familia. He repetido que no sacamos nada con tener cadena perpetua si no hay un sistema capaz de recibir la denuncia, investigar y pronto tramitar el proceso hasta la sanción. SEMANA: ¿El proyecto incluirá ajustes a las altas cortes o a las facultades nominadoras que estas tienen? F.C.: No, esos son los aspectos que han sepultado todas las reformas de la justicia. En Colombia no ha prosperado una sola reforma bien encaminada desde la Constitución del 91. Por eso esta iniciativa es precisa en apuntarle a lo más importante: modernizar y robustecer la administración de justicia local y territorial. Los ciudadanos rechazan con indignación los problemas de las altas cortes, pero lo que demandan con más urgencia son soluciones a sus problemas inmediatos. Y de esta manera se puede recuperar la confianza. Una de las razones de que la violencia se haya perpetuado en Colombia es la falta de justicia local. La gente no tiene a quién acudir y los grupos armados terminan mandando con mecanismos de justicia por mano propia, que es lo peor que le puede suceder a una sociedad.
SEMANA: En cuanto al Congreso, ¿qué tipo de reforma sería y con qué apoyos cuenta? F.C.: Es un proyecto de ley. Para los beneficios que trae, es una reforma muy sencilla. Nadie se va a oponer porque se trata, por primera vez, de trabajar en la atención básica de justicia en el nivel más bajo de todos. Esto debería tener solo amigos y debería ser parte de un gran acuerdo nacional, que es lo que va a necesitar Colombia cuando venga toda la crisis social después de la pandemia. Se viene una crisis de conflictos sociales en todos los campos. Es hora de invertir la pirámide de la justicia. SEMANA: Pero para salir avante en el Congreso se necesita más que un proyecto bien intencionado. F.C.: Se viene una crisis de conflictos sociales en todos los campos, y lo único claro es que no es momento de macrorreformas a la justicia, que han fracasado en las últimas décadas. El acceso a la justicia básica, local y territorial es una “pequeña gran reforma” que no implica reformar la Constitución del 91. Por eso no solo es viable sino irremplazable para un momento en que se requieren cambios en la base de la estructura judicial si no se quiere alborotar la espada de Damocles de una constituyente.