La reforma al equilibrio de poderes, el proyecto prioritario del Gobierno, empezó a tener escollos. De los 19 senadores que tendrán que aprobar el proyecto en su primer debate, en la Comisión Primera del Senado, 13 se declararon impedidos para discutir el proyecto. La situación generó temor en el Gobierno porque de haber sido aprobados los impedimentos, sencillamente la reforma fracasaría. El Gobierno necesita, en este primer debate, mínimo 10 votos para sacar adelante la iniciativa. Como la reforma plantea ajustes en la administración de justicia, crea un tribunal de aforados y se ocupa de las altas cortes y la Procuraduría, la insólita avalancha de impedimentos se produjo por múltiples argumentos o porque algunos congresistas tienen investigaciones penales en la Corte Suprema de Justicia, investigaciones disciplinarias en la Procuraduría o procesos de pérdida de investidura; algunos parlamentarios adujeron que se podría configurar un conflicto de interés en el proyecto. Los cuatro senadores de La U, Rossevelt Rodríguez, Roy Barreras, Manuel Enríquez Rosero y Armando Benedetti, argumentaron tener investigaciones en contra en la Corte Suprema. El conservador Eduardo Enríquez Maya y Germán Varón (Cambio Radical) se declararon impedidos por tener procesos de pérdida de investidura, lo mismo que el liberal Juan Manuel Galán. Doris Vega (Opción Ciudadana) se declaró impedida por tener vínculos con una persona investigada. Viviane Morales (liberal) lo hizo por haber sido fiscal general de la Nación. Y, para sorpresa de muchos, Claudia López (Alianza Verde), Paloma Valencia y Alfredo Rangel (ambos del centro Democrático) también se declararon impedidos. Detrás de estos impedimentos está esa especie de temor que ha venido rondando al Congreso, originada en las numerosas demandas que se presentan contra los congresistas por haber participado de la discusión de un proyecto en el que tuvieran intereses. Pero ese temor supuso un nuevo obstáculo para el Gobierno, que ocupó este lunes para tratar de resolver los impedimentos. Por eso el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, trajo al expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán para tratar de convencer a los parlamentarios de que no estaban violando ningún conflicto de interés. Sobre todo lo hacía para agilizar la discusión del proyecto. Durante casi dos horas, el proyecto no empezó a ser discutido porque la Comisión tuvo que decidir si aprobaba o rechazaba los impedimentos. La decisión fue rechazar 12 de ellos y sólo se aceptó el de Viviane Morales. Con esa decisión, 18 de 19 senadores quedaron habilitados para votar y así se destrabó el primer nudo de la reforma de los poderes. Este lunes, en la Comisión Primera del Senado se oyeron las tres ponencias, la de la Unidad Nacional, la de Alianza Verde y la del Centro Democrático, pero aún no se aprobaron los artículos del proyecto.