En ascuas se encuentra todo el país hasta saber cómo quedará redactada finalmente la reforma laboral. A fin de defender sus derechos, las distintas agremiaciones se han pronunciado sobre las partes de la propuesta que, de alguna u otra manera, perjudicarían el ejercicio pleno de su profesión y/u oficio.
Este hecho, sin hacer excepción, también llega hasta el campo. Por ser un país de gran fuerza agrícola, Colombia tiene miles de ciudadanos que se ganan la vida a través de las labores de siembra, cultivo, cría, cuidado y otras realizadas en tales áreas rurales.
Inclusive, datos del DANE aseguran que, para el 2021, esta esfera puso $87,4 billones de los $1.192 billones que representó el Producto Interno Bruto de Colombia (PIB) en ese momento. Ante la presencia de una gran fuerza laboral ahí y su impacto en la economía nacional, una de las ponentes principales, la representante María Fernanda Carrascal aseguró en entrevista con el diario El Colombiano que “con esta reforma no solo vamos a formalizar, sino que vamos a reconocer y a devolver derechos para que los trabajadores tengan estabilidad laboral”.
No obstante, algunos apartes del texto han hecho a los líderes de las agrupaciones campesinas y agrícolas, reaccionar. El punto de mayor inflexión para aquellos que hacen parte de esta manifestación laboral es el tema de la contratación. Hay dos puntos de la ponencia que causan debate.
El primero (parágrafo 4) asegura que “queda prohibida la vinculación de trabajadores agropecuarios mediante empresas de servicios temporales y la tercerización laboral”. Asimismo, el segundo define que el contrato para trabajos del campo “comprenderá aquellas actividades permanentes, transitorias y estacionales”. Lo anterior respondería solo a algunas de las necesidades del sector.
En ese sentido, uno de los que se pronunció fue Jorge Enrique Bedoya, quien es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), y señaló a Vanguardia que “si bien el gobierno incorpora algunos de los temas que propusimos en el contrato agropecuario, no se está reconociendo la posibilidad de tener contratos por el tiempo efectivamente trabajado”.
Y ya siendo más directo, Bedoya siguió diciendo: “definitivamente como está la reforma, no se resolverá el problema de fondo, por el contrario, puede conllevar a más dificultad a la hora de contratar mano de obra, algo que ya de por sí es bastante difícil en el campo”.
Por otra parte, dejando el tema de la contratación a un lado, desde Fedesarrollo argumentan que uno de los vacíos de la reforma viene porque hay actividades rurales que no son de estandarización sencilla. Hay tercerizaciones en modelos diferentes a los vistos en la ciudad y habría que romper algunos moldes para hacerla ajustarse a tales áreas.
“Hay actividades en el campo con otras tradiciones. En el caso de la papa en Cundinamarca y Boyacá, se contratan a unas personas que tienen trabajadores y uno no se sabe cómo harían para formalizar todo eso, porque son trabajos precisamente estacionales”, indicó Juan José Perfetti al mismo periódico bumangués. Él es investigador y especialista en economía agrícola asociado a Fedesarrollo.
“Van, siembran y después en unas semanas, fumigan, limpian y etcétera, hasta que llega la temporada para recoger, pero no son trabajadores permanentes”, agregó desde su perspectiva.
Todo lo anterior se sustenta en cifras. Por ejemplo, Confecámaras registró que el 99 % de las empresas del campo creadas en 2022 son micro. Esto sugiere entonces que no existe una estructura fija que pueda regular la contratación o condición laboral de un gran grupo de personas con facilidad.
Teniendo todas estas inquietudes, Bedoya afirmó que todavía hay cerca de veinte contrapropuestas que serán presentadas al Gobierno. “No solo tienen que ver con el capítulo del contrato agropecuario”, sentenció el empresario.
Desde el Gobierno, esta semana se esperaba que arrancara la votación de los impedimentos de la reforma laboral, pero los congresistas se rebelaron y el petrismo no tuvo otra opción que no citar. Petro no tiene los votos y primero se deben resolver las ponencias de archivo y las propuestas alternativas del uribismo y La U. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quiere que se avance rápido con el proyecto, pero lo cierto es que los congresistas no le están caminando.