Una polémica en materia de política internacional se ha generado en Colombia luego de que el saliente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidiera volver a incluir a Cuba entre los “estados patrocinadores del terrorismo”.
“Con esta medida, volveremos a responsabilizar al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro: el régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense”, señaló hace unos días el secretario de estado Mike Pompeo.
Entre las razones que argumentó el gobierno estadounidense para tomar la decisión está que Cuba “apoya” al ELN, que para los Estados Unidos es un grupo terrorista. El Centro Democrático se unió a la decisión y le pidió la Gobierno de Iván Duque proceder de la misma forma y examinar las relaciones entre los dos países.
“En las relaciones diplomáticas de nuestra nación, hoy Cuba significa un obstáculo real para poder alcanzar esa paz con justicia que anhelamos todos los colombianos, por lo que de manera respetuosa le solicitamos una revisión cuidadosa, y decisiones de fondo, respecto alas relaciones con el régimen cubano liderado hoy por Miguel Díaz-Canel”, dice la carta a Iván Duque que lleva la firma de varios representantes de la colectividad.
Por eso, Humberto De La Calle y Sergio Jaramillo, dos de los principales negociadores del acuerdo de paz con las FARC, respondieron a la solicitud del partido de Gobierno y argumentaron en varios puntos por qué para ellos sería contraproducente para las relaciones entre los dos países llevar a cabo esa solicitud.
“Como representantes del gobierno de Colombia (2012-2016), con todas las diferencias que podamos tener con el régimen de Cuba, estamos obligados a reconocer y agradecer el espíritu generoso y el profesionalismo que desplegó Cuba a favor de la paz de Colombia”, señalaron los firmantes del acuerdo.
Una de las principales razones que destacan es que durante casi cinco años de negociaciones, la delegación del gobierno de ese entonces estuvo en La Habana conversando con las FARC para lograr el acuerdo.
De La Calle y Jaramillo recalcan que Cuba, a pesar de sus precariedades, puso a su disposición la infraestructura necesaria para llevar a cabo las negociaciones. “Es una situación que no era precisamente de abundancia, Cuba puso a nuestra disposición una multiplicidad de casas, salones de conferencia y -mucho más importante- sus más expertos diplomáticos”, dice el comunicado.
Y sentencian: “Lo decimos con toda certeza: sin el compromiso y el aporte a Cuba no habría habido acuerdo de paz en Colombia”.
Los negociadores del acuerdo con las FARC también señalan que “es un despropósito y un acto de ingratitud estatal sin par” con Cuba que el marco de las negociaciones con el ELN, Duque haya exigido la entrega de miembros del grupo guerrillero a las autoridades locales.
“El hecho de que el ELN hubiera cometido un acto de terrorismo atroz en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá -que condenamos con la mayor vehemencia- y de que el Gobierno como es su derecho, hubiera abandonado la negociación, no cambia los términos de lo acordado formalmente por Colombia en el marco del proceso de paz”, dicen.
Igualmente, en su comunicación, relacionan en varias ocasiones al Gobierno colombiano con el de Trump. “El actual gobierno prefirió ignorar esas obligaciones internacionales de Colombia y hacerle juego a una estrategia de corte ideológico de la saliente administración americana, que desde el inicio tenía como objetivo, como era fácil adivinar, poner de nuevo a Cuba en el listado de países que patrocinan el terrorismo”.
También aprovecharon para responderle directamente al Centro Democrático y hasta mencionan al expresidente Álvaro Uribe, diciendo que entre 2005 y 2007 el gobierno del exmandatario tuvo ocho rondas de negociaciones “infructuosas” en La Habana con el ELN.
“En esos años el ELN secuestró 236 civiles, según cifras oficiales, y no liberó ninguno. Y sin embargo al gobierno Uribe probablemente nunca se le pasó por la cabeza exigir la extradición a Colombia de la delegación de paz del ELN para responder por estos actos, porque sabía que eso suponía romper las reglas de juego que permiten una negociación”, mencionan De La Calle y Jaramillo.
Dicen además que con la decisión de romper relaciones con Cuba no solo estaría en juego la diplomacia con las dos naciones, sino también una futura negociación con el ELN. Trajeron a colación las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega que recalcó que si los países que facilitan esfuerzos de paz corren el riesgo de terminar designados como patrocinadores del terrorismo, en adelante se lo pensarán dos veces antes de comprometerse con esos esfuerzos.
Incluso, comparan la situación de Estados Unidos con Qatar y dicen que sería como pedirle a ese país que entregaran a los talibanes que están negociando en Doha, por los actos de terrorismo que han cometido en Afganistán. Que en cambio el gobierno americano se ha comprometido a sacarlos de la lista negra de organizaciones terroristas sin que se haya firmado aún un acuerdo de paz.
“El problema de fondo, más que de coherencia, es privilegiar la ideología y los intereses partidistas sobre el sentido común y los compromisos internacionales. El gobierno Duque prefirió enmarcarse en el programa ideológico de la administración Trump y dejar las relaciones internacionales de Colombia en su punto más bajo. Ahora que esa administración termina su periodo atentando contra su propio proceso electoral y violando su propia constitución, es hora de que Colombia de un viraje y busque una nueva relación, más constructiva con los Estados Unidos”, afirman.