El escándalo por las denuncias de una presunta red de prostitución en la Policía, y que hace una semana provocó la renuncia del general Rodolfo Palomino, del exviceministro Carlos Ferro, y que le costó el cargo a la periodista Vicky Dávila, directora de la FM, sigue dando de qué hablar.Y no porque se hayan revelado nuevas evidencias, o porque las investigaciones disciplinarias y penales hayan arrojado resultados. Una semana después del escándalo el presidente Juan Manuel Santos y la periodista siguen siendo centro de atención.El viernes, La Fundación para la libertad de prensa, FLIP, se pronunció sobre la renuncia de Dávila. En una comunicación de cinco puntos cuestionó que el presidente Juan Manuel Santos “asumiera el papel de ‘periodista’ para criticar la decisión editorial de un medio de comunicación que investigaba posibles actos de corrupción en su gobierno”.La Fundación se refería al pronunciamiento del presidente quien calificó que la publicación del video que comprometí a Carlos Ferro en una conversación homosexual “no era buen periodismo”.Para la FLIP esas declaraciones “tuvo un efecto intimidatorio” para Vicky Dávila y los demás periodistas que venían trabajando en esa historia.“Más allá de su pasado en el periodismo, el presidente Santos es hoy en día el primer funcionario de la nación. Como han manifestado la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de ese cargo implica que ninguna de sus declaraciones puede inhibir la actividad periodística, ni mucho menos aumentar la exposición de periodistas que ya están enfrentando un riesgo”, manifestó la FLIP.Este sábado el gobierno colombiano respondió a la Fundación, también en un comunicado de cinco puntos en el que advierten que el presidente de la República respeta y protege la libertad de prensa, y que en el caso puntual de Vicky Dávila adoptó medidas ante las denuncias de interceptaciones y seguimientos ilegales denunciados por la periodista, por estar investigando las irregularidades en la Policía. También aclara que el comentario del presidente sobre el polémico video fue ante una sorpresiva pregunta de la periodista Ángela Patricia Janiot y que en ningún momento pretendía inhibir el libre ejercicio de la actividad periodística, ni dar lecciones de periodismo.La respuesta del Gobierno1. El Gobierno y el Presidente de Colombia valoran, respetan y protegen –como los que más– la libertad de prensa como un principio fundamental de la democracia. El Presidente ha mantenido esa posición durante toda su vida, como periodista, y como funcionario.2. De ninguna manera los hechos denunciados por la entonces directora de La FM pueden interpretarse como presión o intimidación por parte del Gobierno nacional o el Presidente de la República, quien, apenas se presentaron las denuncias, invitó a la periodista a una reunión en la Casa de Nariño para que le relatara los hechos, ordenó de inmediato la investigación correspondiente y le pidió personalmente a la Fiscalía que obre con la máxima diligencia para llegar al fondo de este asunto.3. Estas denuncias son aún objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, y el Gobierno nacional está a la espera de los resultados para tomar las medidas a que hubiere lugar. Hasta el momento, dichas investigaciones no han arrojado resultados que corroboren las denuncias.4. El comentario del Presidente sobre el video de una conversación íntima publicado por La FM fue expresado frente a una pregunta de la periodista Ángela Patricia Janiot –quien, en un foro sobre otro tema, le preguntó sorpresivamente su opinión sobre el mismo–, y no pretendía de manera alguna inhibir el libre ejercicio del periodismo, ni dar lecciones sobre él. El propio Presidente dijo en esa ocasión que este era un tema que debía ser objeto de discusión entre los periodistas, precisamente para respetar su independencia.5. El Gobierno nacional ha ofrecido siempre las garantías necesarias para que los medios ejerzan libremente su labor periodística y da protección a quienes se ven amenazados en el ejercicio de ella. Actualmente 146 periodistas reciben protección del Estado colombiano.