A pesar de que para el gobierno la reforma laboral radicada en el Congreso de la República es la estrategia para reparar lo que había sido averiado en materia de derechos de los trabajadores, entre los empresarios reina la preocupación.
Muchas de las propuestas inscritas en los 76 artículos del proyecto de ley le cargarán un mayor peso al costo de la nómina, lo que para los empleadores sería un desestímulo a la contratación, según varios de los gremios que han tomado la vocería para expresar su inconformidad.
Por el contrario, para la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, “la reforma debe permitir que el salario real pueda crecer para que Colombia se industrialice; debe permitir que la gente sea más feliz en esta sociedad y disfrutar de más tiempo libre; debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial”.
Desde la perspectiva de los trabajadores, suena bien tener más derechos. No obstante, son varios los problemas que quedan entre el tintero. Por un lado, los efectos recaen sobre un reducido número de trabajadores (los que ya tienen empleo formal), puesto que la reforma no ataca las debilidades estructurales del mercado laboral, como son el desempleo y la informalidad. Es más, hay quienes temen que los pueda empeorar.
Al respecto, el jefe de Estado publicó en su cuenta de Twitter: “Dicen, con nostalgias esclavistas, que si los salarios crecen aumenta la informalidad. La informalidad es el producto de no haber dejado acceder a la tierra a los campesinos desde hace un siglo. Campesino(a)s sin tierra, sus hijos y sus nietos son hoy los y las informales”.
Pasaron unos minutos y el jefe de Estado dijo que, la informalidad en Colombia se supera, no bajando los salarios de los trabajadores formales, “sino empoderando la economía popular, asociándola, brindándole saberes, otorgando crédito abundante y barato”.
Y agregó en Twitter: “la estabilidad laboral y un crecimiento de los salarios relativos traerá más productividad, más riqueza y empresas y ganancias más grandes”.
Vale la pena recordar que en la reforma laboral, que, según señala el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, no ha tenido la concertación tripartita de la que se ha hablado, se plantea un incremento salarial para el trabajador que devengue hasta dos salarios mínimos, que deberá ser igual al IPC (Índice de Precios al Consumidor) causado al 31 de diciembre del año anterior.
La mayor parte de las medidas incluidas en la reforma laboral implica mayores costos a la hora de contratar trabajadores. Pero para Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, gremio de las micro y pequeñas empresas, “los cambios más costosos serán los referentes al pago de indemnizaciones, el contrato de aprendizaje y los recargos, tanto el nocturno como el de horas extras”.
Las indemnizaciones se volverán más onerosas y, de hecho, serían las más generosas en la historia del país. En el pasado, el pago más alto había sido establecido en la Ley 50 de 1990, cuando se determinó que un empleado despedido sin justa causa recibía 45 días por el primer año de haber permanecido en el empleo y 40 días de sueldo por los siguientes (si llevaba más de diez años en la compañía). Ahora se pagarían 45 días de sueldo por el primer año laborado (si el empleado lleva solo un año) y 45 días por los subsiguientes.
Desde la perspectiva del Gobierno, la idea es desestimular los despidos, en línea con la idea de promover el contrato indefinido y el empleo estable. “Se mantiene el contrato por hora labor y el que se hace a término fijo para las labores que así lo requieran. Y se introduce el contrato a tiempo parcial, pero con pago de prestaciones sociales, que está dirigido principalmente a los trabajadores agropecuarios”, sostuvo la ministra de Trabajo.
Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, es crítico de la reforma, pues considera que no se atacan los problemas fundamentales del mercado laboral. “El Gobierno desea mejorar el ingreso, aumentar el tiempo libre y dignificar el empleo, objetivos válidos y deseables. Pero aumenta el costo laboral. Me pregunto si no sería mejor aumentar la productividad y el empleo primero, no al revés”, dijo el economista.
El Gobierno parte de la premisa de que a nadie le conviene más que el trabajador tenga plata en el bolsillo que al empresario, pues así tendrá para consumir lo que él produce, pero lo habitual en Colombia ha sido la teoría de que, a mayor costo de la nómina, menor generación de empleo. La nueva manera de pagar las horas extras, el recargo nocturno y el pago de dominicales también preocupa a los empleadores.
En la Ley 789 de 2002, se eliminó el pago de recargo nocturno entre las seis y las diez de la noche. Posteriormente, en 2017, fue introducida una modificación para que se pague un adicional después de las nueve de la noche, lo que, según se expresa en el proyecto de ley, “implicó una recuperación de apenas una hora de recargo nocturno por parte de los trabajadores”.
Ahora, la ministra Ramírez enfatizó en que, en materia laboral, “el día será día y la noche será noche”, pues la jornada diurna se establece de las seis de la mañana a las seis de la tarde. En consecuencia, a partir de allí, el trabajador empezará a ganar un recargo nocturno del 35 por ciento, mientras que el dominical pasará de pagarse del 75 al 100 por ciento del ingreso.
“Es un modo de compensar las alteraciones personales, físicas, psíquicas, familiares y sociales que experimentan quienes laboran en la noche o en días destinados socialmente al descanso”, se argumenta en el proyecto.