Muy pocos saben que hace cinco años, Jesús Amado Sarria fue declarado inocente por los delitos de enriquecimiento ilícito y narcotráfico por los cuales había sido condenado por un juez regional. De él se sabía que estuvo en prisión seis años y que había dejado el santerismo para convertirse en pastor de una iglesia cristiana. Pero la noticia de su absolución no fue tan divulgada como su captura en diciembre de 1995, un mes antes de ser asesinada su esposa. Y tampoco se conocía que estaba sentado con la Fiscalía tratando de conciliar una indemnización por 15.000 millones de pesos como reparación por los daños y perjuicios que le ocasionaron al acusarlo injustamente y haberlo privado de su libertad. Un juez Penal del Circuito Especializado profirió la absolución el 31 de octubre de 2002. Luego, la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá le halló la razón al juez y anuló la sentencia que lo había condenado a ocho años y medio de prisión. Los fallos de extinción de dominio de todos sus bienes también salieron favorables en primera y segunda instancia. Esta decisión fue apelada ante el Consejo de Estado, que concluyó que Sarria fue detenido arbitrariamente y que estaba en todo su derecho de ser indemnizado. Para tomar esta decisión, estos tres entes judiciales recorrieron la vida y milagros de Jesús Amado Sarria y su esposa, Elizabeth Montoya. Hace 12 años, la pareja era desconocida para la mayoría de los colombianos. Saltó a la fama porque de él se decía que pasó de ser un suboficial de la Policía a un acaudalado personaje. Y ella fue protagonista de un escándalo junto con el entonces Presidente, Ernesto Samper, cuando se divulgó una fotografía en la que aparecían abrazados y unas conversaciones entre los dos en las que Samper la llamaba familiarmente "la Monita retrechera". Elizabeth Montoya se convirtió en testigo dentro de la investigación del proceso 8.000, pero fue asesinada en enero de 1996, un mes después del arresto de su esposo dentro de las instalaciones del Banco Emisor. Jamás se pudo esclarecer la muerte de su mujer, pero el día del crimen, el dinero de sus cuentas bancarias fue sustraído, al igual que joyas, títulos valores y las escrituras de 15 de sus bienes que hoy están en proceso de extinción de dominio. En la investigación se estudiaron más de 60 pruebas documentales en donde el 70 por ciento del patrimonio fue avalado por el Banco de la República, al que le vendieron 10.000 millones de pesos en oro en polvo. También logró 'Chucho' Sarria demostrar que su esposa era gemóloga y que había dedicado buena parte de su vida al negocio de la joyería y a la venta de piedras preciosas como diamantes y turmalina, una gema similar a la esmeralda. Y pudo justificar los ingresos que le dejaron dos de las más grandes pasiones de la 'Monita retrechera': la compra y la venta de obras de arte, como los siete cuadros y lienzos de Dalí, Manzur o Luis Caballero que les fueron incautados, y el negocio de caballos de paso fino y de trocha. La investigación de la fortuna de los Sarria Montoya estuvo a cargo de funcionarios del CTI y del DAS. El análisis partió de las declaraciones de renta desde 1985 hasta 1996 de ella y de toda su familia. También se hizo la discriminación de su patrimonio con soportes contables de acuerdo con las normas tributarias. Se comprobó la legitimidad de los documentos y la veracidad de los testimonios de trabajadores de sus ocho sociedades mineras y agroindustriales, contadores, funcionarios bancarios y hasta mafiosos. Igualmente, se pidieron a 174 países antecedentes de la familia Sarria Montoya y se analizó la liquidación de la sociedad conyugal de Elizabeth Montoya con su primer marido, Ernesto Leyva, con quien tuvo tres hijos, hoy mayores de edad y ciudadanos estadounidenses. Y dentro de las pruebas allegadas al proceso no se comprobó ninguna relación con el cartel de Cali, ni vinculación alguna con negocios de droga. "Fue demasiado injusto todo el daño que se me hizo. Me asesinaron a mi esposa y a sus colaboradores. Me robaron todas sus pertenencias. Incautaron indiscriminadamente todas las propiedades. Se presentaron testigos falsos. Trataron de asesinarme en ocho ocasiones. Estuve en seis cárceles diferentes por todo el país y sólo tuve la protección de Dios. Ahora espero que sí se haga justicia", le dijo Sarria a SEMANA. El acuerdo con la Fiscalía fracasó. El comité de conciliación del ente acusador le ofreció 4.000 millones de pesos y Jesús Sarria no aceptó. Ahora le toca al Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidir si el Estado lo tiene que indemnizar por los 15.000 millones de pesos, la misma cifra que 12 años atrás los fiscales e investigadores de la Dijín le atribuyeron por enriquecimiento ilícito y negocios relacionados con el narcotráfico.