El martes pasado un error del Consejo de Estado dejó al descubierto los contratos del Gobierno de Colombia con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para la compra de vacunas contra la covid-19. Las posibles implicaciones por la ruptura de la cláusula de confidencialidad aún son inciertas, pero el ministro de Salud, Fernando Ruiz, prevé que puede complicar la situación para el país.

Un incumplimiento semejante del contrato “plantea un riesgo” para Colombia, según el jefe de la cartera, aunque desde el primer momento, cuando se dio la filtración y luego difusión por parte de otros actores, se entablaron conversaciones con ambas compañías. “Lo que hemos hecho es tener conversaciones con las dos empresas involucradas”, aseguró Ruiz.

El ministro, dando detalles de la reunión que se llevó a cabo el miércoles, manifestó que se explicó que no hubo ningún tipo de filtración de parte del Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, “ellos manifestaron no estar conformes, pero en general no hubo consideración sobre posibles implicaciones”.

En el caso de Pfizer, detalló el ministro, ese contrató se firmó a nivel global, razón por la cual se entregaron las explicaciones del caso y “ellos desde ayer lo elevaron a nivel global. Estamos pendientes de la respuesta de ellos; esperamos que con la decisión del Consejo de Estado de hacer las denuncias, bajarle un poco la implicación y riesgo”, esto porque el alto tribunal le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Disciplina Judicial investigar lo ocurrido.

Por otra parte, el jefe de la cartera insistió en que se trata de una situación compleja, que se da en un momento en el que el país está negociando la compra de terceras dosis para 2022 “y es un tema complejo frente a la estabilidad del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19”.

Por su parte, el miércoles, después de la reunión, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, sostuvo que el riesgo en cuando a la compra de las terceras dosis es real. “Se genera todo un ambiente de incertidumbre sobre cuál es el clausulado, cuál es la confidencialidad del mismo y cuáles son las condiciones que se están negociando; naturalmente, esto genera una alteración y afectación a todo lo que estamos haciendo”, indicó.

Asimismo, señaló que el Gobierno de Colombia está trabajando para evitar sanciones o multas “lo que hemos estado trabajando es que, precisamente, no haya consecuencias ni se presenten ningún retraso en el proceso de envío de vacunas y que esto lo genere ningún tipo de multa o sanción al país”.

Frente al porqué de las molestias de los laboratorios, el ministro Ruiz manifestó que “es un tema de prevención frente a los riesgos de la industria, frente a la posibilidad de riesgos inherentes a los periodos del desarrollo de las vacunas”, pues cuando se firmaron esos contratos, las vacunas tenían realmente poco periodo de desarrollo y se habían generado algunas características y condiciones bajo las cuales el desarrollo se había hecho más rápido.

Expertos consultados por semana consideran que la filtración de los contratos podría tener efectos negativos para el Estado, pero no poner en riesgo el Plan Nacional de Vacunación. No sólo porque a nivel global se han expuesto alrededor de cien contratos de Pfizer y AstraZeneca con otros gobiernos, sino porque la inmunización en Colombia no depende únicamente de esas farmacéuticas.