Este martes primero de julio, los progresistas amanecieron celebrando una victoria política en la capital. Sin importar lo que pase con el alcalde Gustavo Petro, este movimiento político -ahora fusionado en la Alianza Verde- se mantendrá en el poder hasta el 31 de diciembre del 2015. El calendario había señalado la fecha del 30 de junio. Ese día se superaron los 18 meses que, en caso de vacancia absoluta del burgomaestre, determinaban la fecha límite para que el gobierno nacional convocara a elecciones atípicas en la ciudad. Eso significa que en caso de que la justicia colombiana anule el fallo que suspendía la destitución en inhabilidad que le impuso la Procuraduría a Petro, y el alcalde deba salir del cargo, los progresistas conservarían la Alcaldía. Pues en ese caso el presidente Juan Manuel Santos ya no tiene que convocar a las urnas para elegir nuevo alcalde sino que deberá nombrar en propiedad de una terna de la Alianza Verde. Así lo hizo el propio Santos en el 2011 cuando la Procuraduría destituyó a Samuel Moreno y en su reemplazo designó a Clara López. Sin embargo, la única amenaza que tienen Petro y los progresistas para salir de la Alcaldía es la revocatoria al mandato. Porque ese término de 18 meses para culminar el periodo, no aplican en caso de la revocatoria. Según la ley, si en las urnas el alcalde es revocado, la Registraduría deberá comunicar el resultado al presidente de la República quien procederá a la remoción del cargo y, dentro de los 30 días siguientes, debe convocar a elecciones para escoger al sucesor. Y en este caso, los progresistas (o Alianza Verde), no podrán inscribir candidato. Y aunque la revocatoria parecía olvidada, el concejal Roberto Hinestrosa (Cambio Radical) anunció que interpondrá una acción de cumplimiento para que la Registraduría convoque a la revocatoria. Hinestrosa sostiene la tesis de que la revocatoria está suspendida, pero no muerta, porque las fechas escogidas por la Procuraduría para hacer la votación -dos de marzo y seis de abril de 2014- debieron ser aplazadas por la ejecución de la destitución que la Procuraduría le impuso a Petro. Pero que con las posteriores medidas cautelares del Consejo de Estado que suspendió la sanción, Gustavo Petro solo estuvo fuera del cargo del 19 de marzo al 22 de abril, y desde entonces está al frente de sus funciones. “Por esa razón se revive el trámite de la revocatoria”. Por eso, el concejal le envió una carta al registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, en la que no sólo le anuncia que interpondrá una acción de cumplimiento para convocar la revocatoria, sino que le pide anunciar en público la fecha en la que se debe llevar a cabo la votación, que según la ley, debió haberse adelantado dentro de un término no superior a dos meses. “El registrador está en la obligación de citar la fecha para esta votación, de no hacerlo estaría incurso en mala conducta, estaría prevaricando”, dice Hinestrosa. Para el cabildante de Cambio Radical, el alcalde Petro debe ser revocado “no sólo por su mala gestión y la de su gabinete, sino porque se está demostrando la corrupción de su gobierno”. Hinestroza hace referencia a las denuncias periodísticas sobre la presunta participación indebida de Carlos Gutiérrez, el concuñado de Petro, con los negocios del Distrito. Sobre Gutiérrez la revista SEMANA, en su reciente edición, reveló que le habría prestado miles de millones a los primos Nule, detenidos por el carrusel de la contratación en Bogotá. “Petro nos prometió que gobernaría sin ese carrusel y es mismo carrusel está presente en su familia como ocurrió con alcaldes anteriores”. La logística para una eventual revocatoria en Bogotá, según la Registraduría, le costaría al Estado cerca de 40.000 millones de pesos y deben participar 1'234.214 ciudadanos para que sea válida. El costo de este proceso se advierte injustificado, porque no solo llevaría a que la capital vuelva a entrar en escenario electoral, sino que generaría otra situación de interinidad en caso de que prospere la convocatoria. Sin embargo Hinestrosa asegura que ante la incertidumbre jurídica es la única manera de salvar a Bogotá. “Los bogotanos ya cumplieron con su derecho al voto en las elecciones presidenciales, ahora tienen el deber de salir a las urnas para sacar a Bogotá del garete en el que se encuentra Petro”. El excongresista Miguel Gómez, quien lideró la recolección de firmas, y el exvicepresidente Francisco Santos, quien se echó al hombro la campaña para sacar a Petro, aún no se pronuncian, pero no descartan hacer campaña en caso de que la Registraduría esté obligada a realizar la revocatoria, como lo advierte el concejal Hinestroza.