El pasado 10 de septiembre, la Alcaldía de Bogotá puso en funcionamiento el operador público de transporte bautizado como La Rolita. Aunque fue una de las principales apuestas que la alcaldesa Claudia López incluyó en su Plan de Desarrollo, ese hecho pasó desapercibido.

El bajo perfil tiene su explicación. En enero, el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá anuló el artículo 91 del Plan de Desarrollo, que creó este operador público de transporte, argumentando que no se presentaron estudios demostrativos que justificaran su creación, tal como lo exige la ley.

El Distrito apeló la decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, advirtiendo que el juez hizo una interpretación errónea de la norma. La alcaldesa se mostró confiada en que le daría la razón. Pero han pasado ocho meses y no hay un fallo de segunda instancia que esclarezca el futuro de La Rolita.

El caso está en manos del magistrado César Giovanni Chaparro y, aunque se desconoce cuál será su decisión al respecto, la administración López se la jugó y continuó con la creación de este operador público a pesar de la incertidumbre jurídica latente.

“Nosotros hicimos una revisión jurídica dentro de la Alcaldía y la decisión del fallo del Juzgado Sexto no impide el cumplimiento del articulado que tenemos, por eso entramos a operar. Jurídicamente consideramos qué se podía hacer y en el momento en el que tengamos el fallo se verificarán cuáles serán las medidas a tomar por parte de la Alcaldía”, explicó la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila.

Si bien es cierto que ella tiene razón en que para el Distrito no hay nada que impida la puesta en marcha del operador, el riesgo que tomó la Alcaldía es alto, ya que el fallo podría salir en contra de la administración.

De presentarse este escenario, la Alcaldía podría verse inmersa en un posible detrimento patrimonial y Bogotá podría estar en aprietos ante los órganos de control. La concejala Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, aseguró: “De acuerdo con el informe de ejecución presupuestal, con corte a julio, el operador público ya presenta gastos por 9.673 millones de pesos”. Por eso, Bastidas no dudó en preguntarse: “¿Qué pasará con esta inversión si se confirma el fallo y este artículo queda anulado?”.

SEMANA trasladó ese mismo interrogante a la secretaria Ávila, pero la funcionaria simplemente se limitó a señalar: “Esperemos que el Tribunal se pronuncie y verificaremos los diferentes escenarios”.

El operador público de transporte fue constituido legalmente como una entidad descentralizada del Distrito, y su representante legal es Rafael González. Incluso ya fueron postuladas dos hojas de vida para el cargo de gerente general. Se trata de Édgar Iván Cano y Carolina Martínez Cuéllar. Sin embargo, López no ha anunciado ningún nombramiento.

Este medio también le preguntó al operador público sobre qué pasaría con el dinero invertido en caso de que el fallo de segunda instancia sea en contra del Distrito, pero en el momento de publicar este artículo la entidad no había entregado su respuesta.

SEMANA conoció que la decisión de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se daría a conocer a finales de este año. La ponencia se debería presentar en sala.

Por otro lado, Ávila afirmó que la Alcaldía tiene 119 buses totalmente eléctricos para el funcionamiento de La Rolita, pero no todos han entrado en operación. Bastidas cuestionó: “Muchos buses estarán parqueados, en un momento en que la movilidad de la ciudad demanda tener toda la flota disponible en funcionamiento. Esto demuestra mala planeación e improvisación de la administración”.

Así las cosas, La Rolita, como se le dice coloquialmente, entró en reversa, con sus espejos retrovisores que le advierten que tiene una acción de nulidad detrás que en cualquier momento podría hacerla frenar en seco.