Para la tarde de este martes 23 de mayo quedó programada una audiencia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un nuevo capítulo por el extenso litigio por la devolución de cinco lotes en la isla de Tierrabomba, en cercanías a Cartagena.
El caso, que ya cumple 15 años, volvió a tener relevancia después que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) expidiera dos resoluciones el 29 de marzo y el 28 de abril de 2023 para ordenar el desalojo voluntario y la restitución de bienes inmuebles al empresario Fernando Martínez Bohórquez.
Esto pese a los reclamos de centenares de familias que aseguran que, por ley, son las poseedoras de esos predios. Para el abogado José David Pereira, el litigio ha registrado varias irregularidades e inconsistencias, puesto que se desconoció por completo el fallo de la Corte Constitucional que avaló los derechos de los legítimos poseedores y nativos de la isla de Tierrabomba a estos bienes inmuebles. Hace unas semanas, reinició el proceso de desalojo.
El pasado 15 de mayo, con maquinaria pesada, y pese a los ruegos de las personas, destruyeron las viviendas de las personas que por décadas habitaron en esos terrenos. “No nos dieron una espera, llegaron con Policía, con el Esmad”, manifestó uno de los lugareños que reclamaba por la violencia del operativo.
El abogado representante de estas familias advirtió que las resoluciones emitidas por la SAE son erróneas y “están amparadas en unas coordenadas que son totalmente diferentes a las señaladas en la sentencia” de la Corte Constitucional. “Están violando estas resoluciones y están pretendiendo entregar terrenos que no están amparados en esas coordenadas, con lo cual se violan derechos de poseedores y de nativos para entregarle terrenos que son legalmente adquiridos a un particular”; en este caso Fernando Martínez Bohórquez, quien, sea dicho de paso, fue el principal socio de Reginaldo Bray, gerente de Dragacol.
El inicio del proceso
En año 2009 el empresario Fernando Martínez Bohórquez radicó una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reclamando cinco lotes de la isla de Tierrabomba, así como acciones de empresas Inversiones Bocachica y bienes que le pertenecían. Estos predios fueron incautados como parte de una medida cautelar dentro del sonado caso conocido como Dragacol, en la que adicionalmente fueron secuestradas acciones de empresas y otros bienes plenamente identificados. Posteriormente, mediante fallos judiciales se ordenó la devolución de las acciones y propiedades incautadas en su momento.
En el 2009, se registró la devolución de propiedades, despojando a legítimos poseedores de inmuebles diferentes a los que fueron objeto de medida cautelar de la sentencia T-1024 que fijó las coordenadas. Los habitantes reclamaron que tanto la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y de la Fiscalía 31 Especializada de Bogotá se extralimitaron sus funciones permitiendo el desalojo a los propietarios y poseedores de buena fe al utilizar coordenadas que no correspondían a los lotes originalmente secuestrados en el año 2000.
Sin embargo, en el 2012, la Corte Constitucional ordenó la devolución de solamente cinco de los lotes “conforme a escrituras públicas” y adelantar todo el proceso de restitución para las personas desalojadas en el mes de diciembre de 2009. Pese a que la sentencia quedó en firme, rechazando todas las nulidades planteadas por el empresario, los pobladores alegan que se desconocen las actas de entrega y las coordenadas.
El Tribunal Administrativo tendrá ahora que, en medio de la resolución del incidente de desacato, verificar la entrega de los bienes mencionados y establecer si se presentó una irregularidad en las acciones ejecutadas por la SAE y la Fiscalía 31 Especializada.